A los inconvenientes registrados durante la jornada del miércoles en la planta de transferencia de residuos de Pacará Pintado por diferencias económicas con el Consorcio Intermunicipal (lo cual provocó que la ciudad se convierta en un verdadero basural a cielo abierto pues se limitó al mínimo el proceso de acopio que se realiza en la planta), ayer se vivió otra tensa y extraña situación que amenazó con complicar nuevamente el trabajo que allí se concreta.

En este sentido, desde tempranas horas de la mañana, integrantes de la Cooperativa que lleva a cabo la clasificación de los desechos mantuvieron un corte en el ingreso a Pacará lo que impidió el acceso de los camiones recolectores pertenecientes a la empresa 9 de Julio para que depositen los residuos en las instalaciones habilitadas en el predio.

El objeto del reclamo, entablado por cerca de 200 personas quienes quemaron gomas para expresar su malestar, se relaciona con el inminente traslado de la planta a la localidad de San Felipe, hecho que provocaría, según advirtieron los manifestantes, la pérdida de puestos laborales que se plasmará en problemáticas económicas y sociales afectando a casi 140 familias que habitan en las inmediaciones del lugar.

Alrededor de 30 camiones no podían prestar sus servicios tradicionales tanto para depositar la basura como así también se imposibilitó el egreso de los vehículos para transportar el material a Overa Pozo, lugar en el que se realiza el tratamiento integral de los desechos.

Al no recibir respuesta alguna ante sus requisitorias, incluso las personas allí descontentas llegaron a amenazar con concurrir en la jornada de hoy a plaza Independencia para arrojar desechos en señal de protesta. Además, solicitaban la presencia del intendente Domingo Amaya con la finalidad de que a partir de su intermediación se culmine en una resolución a la problemática suscitada.

Llama la atención que estos acontecimientos, sumado al incendio que se produjo semanas atrás en una de las celdas de la planta en Pacará Pintado, se hayan originado de manera casi simultánea a la modificación por parte del Concejo Deliberante capitalino del Código de Planeamiento Urbano, a través de la cual se homologó el traslado de la planta a la comuna de San Felipe.

Medida que se adoptó, principalmente, por cuestiones de carácter ambiental ya que pesa una orden judicial de clausura del predio desde noviembre de 2010 que debía ser cumplimentada en un término de ocho meses para evitar que se siga vertiendo desechos en dicho lugar, afectando de esta forma los intereses de la empresa encargada de administrar el proceso, Servicios y Construcciones La Banda SRL.

Al respecto, el edil radical José Luis Avignone elevó una carta a la intendencia, donde solicitó que el Ejecutivo Municipal convoque a licitación pública para gestionar el servicio de transferencia y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, pues, de acuerdo a lo señalado por el concejal basándose en documentación que obra en su poder, desde hace un año se encontraría vencido el contrato entre el Consorcio Intermunicipal y la empresa cuyo titular es Mario Delfor Criado.