La huelga de los controladores aéreos se prolongó ayer durante 24 horas y produjo un extraordinario caos por el cierre del espacio aéreo. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declaró el "estado de alarma", por primera vez desde la dictadura, que otorga poderes excepcionales y militarizó a los aeropuertos.

El recurso a la "alarma" hizo ceder a los controladores que quisieron reaccionar contra el decreto del Gobierno que modifica el cómputo de sus horas de trabajo.

Así, con los controladores sometidos por orden del Gobierno a la disciplina militar, conminados a trabajar bajo amenaza de cárcel, la actividad regresó lentamente a las terminales a lo largo de la tarde de ayer.

El rastro que dejó el súbito absentismo intensivo de los trabajadores se calculaba ayer en unos 600.000 pasajeros afectados, 2.435 vuelos cancelados hasta las 18:30 y pérdidas multimillonarias difíciles de calcular.

La declaración del "estado de alarma" determinaba que las actuaciones que lleven a cabo los controladores serían encuadradas en los tipos delictivos del Código Penal Militar, como desobediencia, resistencia a la autoridad militar, sedición".

Por su parte, el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó que el 90% de los controladores trabajaba pero advirtió que "habrá consecuencias".

"Se les abrirán expedientes a los que abandonaron el trabajo el viernes. El gobierno no va a permitir que se vuelva a producir en los aeropuertos una situación semejante’", añadió.

"No va a haber problemas en los aeropuertos, ni en Navidades ni después de las Navidades. Tenemos mecanismos legales para impedir que vuelva a pasar y lo hemos demostrado", aseguró.