SALTA.- Del expediente, se puede apreciar una foja fechada el 6 de diciembre de 2010, en la cual la ex fiscal penal 2, María Inés Loyola, solicitó al juez de la causa en ese entonces, la investigación del patrimonio de Agustoni, a quien la representante del Ministerio Público ya consideraba una pieza clave en el fraude armado por Romero.

El pedido de la fiscal fue elevado al juez de Instrucción Formal 4, Antonio German Pastrana, entonces juez de la causa, quien se opuso tenazmente a cualquier pedido de informes al Banco Macro, a la AFIP, a la ANSSES, a Rentas de la Provincia y a otros órganos recaudadores, respecto a Agustoni.  

La fiscal apeló e insistió, pero Pastrana no dio el brazo a torcer  y  se  negó  rotundamente a  investigar  el patrimonio  de Agustoni, quien oficio de "testaferro” en la compra y venta de las 90 hectáreas de La Ciénaga.  

En ese entonces, y hasta que pudo, el juez Pastrana demostró una evidente funcionalidad y lealtad a Romero, quien lo designó en ese cargo, tras su paso como secretario de Superintendencia de la Corte de Justicia, en ese tiempo y hoy en día, encabezada por Guillermo Posadas, quien a todo esto  nunca  movió  un  dedo para que la investigación de la causa avance, con lo cual quedó demostrada su fidelidad a Romero.  

72 casas a cambio de 1.800  

Aquí cabe señalar un detalle que no es menor, pues en las 11 hectáreas finalmente el gobierno de Romero construyó viviendas, un total de 72 casas. De esta manera, el senador  nacional  con  aspiraciones a gobernador, justificó el 1.200.000 pesos que le hizo pagar a todos los salteños.

Así, de un plumazo, Romero sacó de la órbita del estado provincial las 90 hectáreas que necesitaba para su proyecto urbanístico. A cambio, y para que nadie extrañe ese terreno construyó 72 viviendas camino a San Lorenzo. Lo que no dijo Romero nunca, y que se advierte en el expediente, es que en las 90 hectáreas de La Ciénaga, el IPDUV podría haber construido 1800 viviendas,  o  sea  un  número muchas veces superior a las 72  casas  que  Romero  hizo para ocultar el negociado de 800 hectáreas en esa zona.

La punta del ovillo  

Sin dudas, Agustoni es la punta del ovillo y una pieza principal, y por ello ha tenido gran protección por parte del romerismo. Una muestra  de ello, es el hecho de que los planteos dilatorios de Romero en la causa permitieron que nadie hable de Agustoni sino hasta tres años después de la denuncia.

Fue recién en febrero del año 2013 que Agustoni es citado a prestar declaración indagatoria, oportunidad en la que este analista de sistema, evidenció graves problemas para seguir el libreto, pues en su declaración no supo explicar muchos detalles que se esperaban sean obvios, sin embargo, incurrió en contradicciones y hasta dejó mal parado a otros consortes de causa.

Peor aún fue lo escenificado por su eposa, Graciela Souto, quien prácticamente no recordó nada y negó conocer otros detalles de las operaciones, simplemente reconoció que firmó el consentimiento de las ventas porque su marido se lo pidió.

Como su esposo, Souto dijo que nunca visitó las tierras de La Ciénaga e incluso agregó que, por comentarios, supo que se trataba de un terreno pantanoso, y que no tenía mucho valor, con lo cual trató de restarle importancia a esa propiedad.

Lo cierto es que si solamente se  aprecian  las  90  hectáreas podría arribarse a la conclusión  que  hicieron los Agustoni, sin embargo y para  la justicia, no se trata de solo ese terreno, sino de una parte dentro de una extensa propiedad sobre la cual Romero pretende erigir el mayor conglomerado de chalets de Salta.

A ello hay que agregar dos aspectos muy importantes, pues uno podría pensar que no justifica tantas maniobras ilegales por sólo 90 hectáreas. Lo cierto es que esas tierras encierran dos  particularidades  especiales. Una de ellas es que tienen acceso directo a la autopista de Circunvalación Oeste, con lo cual su valor en el mercado ya es mucho mayor. Por otra parte, y lo que explica la necesidad de Romero de su apropiación, se basa en el temor  que  el  ex  gobernador tenía de que en ese lugar, su actual  sucesor, Juan Manuel Urtubey, se le ocurriera edificar las 1800 viviendas que estaban proyectadas para familias salteñas carenciadas.

Eso hubiese arruinado el negociado de las 800 hectáreas de chalets y barrios privados que  soñó,  pues  Romero  no quería en esa zona exclusiva a familias de clase media y baja, pues arruinarían todo el negocio, lo cual para este hombre que quiere volver a gobernar, siempre está primero.