En conferencia de prensa, Aguilar explicó detalles sobre la iniciativa -remitida la semana pasada a la Legislatura- a través de la cual los trabajadores contratados de servicio pasarán a planta en tanto que se reconvertirán a servicio los actuales contratos de obra.

“Con la ley de pase a planta se limita el uso clientelar y político del empleo público porque se prohíbe definitivamente la incorporación de personal mediante modalidad de contratos”, afirmó el ministro.

Aguilar apuntó además que la iniciativa del gobierno provincial prevé una incorporación “gradual” de los contratados y no masiva ni instantánea como hicieron gestiones anteriores.

El ministro describió que son aproximadamente 8.900 los contratados que estarán incluidos en esta operatoria, de los cuales unos 3.000 pertenecen al área de Salud y 4.500 pertenecen al proyecto de pase a planta impulsado por la gestión anterior.

“En los últimos días surgieron proyectos alternativos al nuestros e incluso pronunciaciones de diputados de la oposición que lo único que hicieron es buscar distorsionar el espíritu de la ley”, apuntó Aguilar.

A diferencia de anteriores pases a planta, éste que propone la gestión Capitanich será gradual y comprende a todos los contratados. “En 2003, Rozas pasó a planta a 5.000 personas y en 2007, Nikisch intentó hacer lo mismo con 4.500 contratos”, recordó el ministro.

Fin al uso político del empleo público

En otro tramo de la rueda de prensa, el jefe de la cartera económica remarcó que el proyecto que impulsa el Ejecutivo además de regular el ingreso de personal a la administración pública, también ataca “el uso político de contratos y vínculos con el Estado”.

“A partir de esta ley, cualquier nuevo ingreso deberá ser por concurso de antecedentes y oposición de manera que esa persona sea incorporada a la planta permanente del Estado”, explicó Aguilar.

En otro aspecto, la iniciativa oficial apunta también a modificar el déficit de la caja previsional: los trabajadores que ingresen a planta con la nueva ley, se jubilarán a los 65 años y aportarán el 13% del salario y no el 11% como lo hacen actualmente los empleados públicos.