Esto incluye a muchos propietarios de lotes que han sido beneficiarios de los créditos hipotecarios Procrear, que participaron del sorteo con un boleto de compra venta de su terreno y ahora, para poder acceder a los fondos, deben presentar la escritura y no lo pueden hacer.

Varias reuniones se han realizado ya entre todos los actores, léase Provincia, Municipio, Concejo Municipal y el CCIRR –este último aglutinando loteadores, escribanos y Cámara inmobiliaria-, incluso en Santa Fe con el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia, Antonio Ciancio; sin embargo el tema continúa trabado y aún no se ha alcanzado una solución definitiva al problema que permita la escrituración de los terrenos ya vendidos.

Del encuentro en la mañana de ayer participaron –por el Municipio- el intendente Luis Castellano, el jefe de Gabinete, Marcos Corach; y la secretaria de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, Mariana Nizzo. El presidente del Concejo Municipal, Jorge Maina y todos los concejales; y en representación de los privados nucleados por el CCIRR, Benjamín Albretch –gerente de la institución-, Luis Gaggiotti –por la Cámara Inmobiliaria-, Guillermo Eguiazu –loteadores- y el escribano Luis Del Zoppo.

BORRADOR

El secretario de Medio Ambiente del Ministerio que preside Antonio Ciancio envió un borrador a las autoridades locales –anticipatorio de la reunión que se mantendrá entre martes y miércoles próximos en Santa Fe con el ministro Ciancio-, donde se propone el pago de 12 mil pesos por lote en nuevos loteos (a futuro) a cuenta de obras de agua, cloacas y energía eléctrica. Y en los 1.061 lotes ya vendidos y que están esperando por su escrituración, proponen en el borrador provincial, que esa suma se cobre a través del concepto de “contribución por mejoras” a través de una nueva Ordenanza. “Los concejales no quieren saber nada, y esto así no sale”, dijo ayer a LA OPINION Marcos Corach, dejando bien en claro cuál será la posición rafaelina en la reunión de la semana que viene.

Otro de los puntos de la propuesta que generó más discordia que concordia, es el referido a la “recurrencia”, es decir, el tiempo de validez de los estudios de impacto ambiental. Actualmente el Municipio los viene elaborando con un plazo de vigencia a futuro de 50 años, y desde la Provincia se exigirían 100 años de vida útil de estos estudios, lo cual también generó rechazo en las autoridades locales ya que retrasaría aún más la escrituración de los 1.061 lotes pendientes.

VOZ MUNICIPAL

Frente a esta coyuntura, LA OPINION dialogó ayer con el jefe de Gabinete Marcos Corach, quien explicó con suma claridad el momento actual que se vive en cuanto al problema planteado.

“El lunes último por la tarde –dijo el jefe de Gabinete-, el secretario de Medio Ambiente (provincial) remitió un borrador de convenio (consensuado en el Ministerio de Aguas), para que sea analizado por los loteadores y por el Municipio local. En ese convenio incorpora obligaciones de las partes: obliga a los loteadores a hacer un aporte de 12 mil pesos por lote; y las obligaciones que asumiría el Municipio: administrar ese aporte en un Fondo creado especialmente para la construcción de la nueva planta de ósmosis y la primera etapa de un nuevo módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales”, señaló.

En resumen el borrador propone que, los loteadores harían ese aporte, la Provincia haría un aporte monetario para la construcción de la planta de ósmosis, del módulo de la planta depuradora y para la alimentación eléctrica de ambas; y el Municipio debería asumir algunas obligaciones más la administración de estos recursos, “esto incluiría –siguió Corach- llamar a licitación para el proyecto de obra hecho por ASSA”.

El quid de la cuestión es quién pagaría los 12 mil pesos por lote: ¿los loteadores, el comprador del nuevo lote o el propietario del lote ya comprado y aún no escriturado?

Según lo que se presume lisa y llanamente es que en los lotes a futuro el monto sería transferido al valor del lote, pero en el caso de los ya vendidos y aún no escriturados, es donde se traba la discusión, ya que “En el convenio aparece –decía Corach- que el Concejo debería dictar una Ordenanza de ‘Contribución por Mejoras’ obligando a cada uno de esos compradores a que haga un aporte de las mismas características.

“Acá –continuó- es donde se traba el tema ya que el Concejo dice que no va a dictar ninguna Ordenanza (por este ítem), y tampoco para los lotes futuros”, precisó. “No vamos a dictar una Ordenanza para cubrir una obligación que debería asumir la Provincia y acá se la están transfiriendo a cada uno de los propietarios de lotes. Nadie mostró predisposición para dictar una Ordenanza de esas características”, indicó.

Respecto del otro tema que aparece en el borrador de convenio -que es el tiempo de validez de los estudios de impacto ambiental-, Corach dijo que “el Municipio viene trabajando desde hace mucho tiempo en un plan hídrico que tiene una recurrencia (está estudiado) para 50 años. Ahora quieren cambiar esta disposición de 50 años a 100 años, o sea que el estudio ambiental debe ser para cien años. “Esto implicaría más tiempo y dinero para el Municipio. Además de una demora adicional de 6 meses que los loteadores no quieren de ninguna manera esperar para escriturar un terreno”, señaló.

Y sumó: “el Municipio, con el ingeniero Bertone, y la Universidad Nacional de Córdoba ya hicimos todos los estudios hídricos científicos de Rafaela para 50 años. Por eso no se entiende lo de los cien años”, apuntó.

“Si suscribimos este Convenio el Concejo no lo refrendaría. Y tampoco aparece dispuesto a sancionar una ordenanza para cobrarle a los vecinos 12 mil pesos. Así como está no sale”, remató el jefe de Gabinete Marcos Corach.

Por lo que ahora cabe esperar qué sucederá en Santa Fe la semana próxima en un nuevo “round” por estas traumáticas requisitorias que tienen parada la escritura de nada menos que mil futuras viviendas en Rafaela.