En cuanto a los motivos de la presentación, la legisladora indicó que es por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La legisladora dijo que son agentes estatales que no cumplieron su obligación de controlar la calidad técnica y financiera de la ex concesionaria Aguas de La Rioja.

Asimismo el Presidente del Bloque Frente Cívico y Social – UCR de la Cámara de Diputados, Guillermo Galván sostuvo que hay "hechos graves que tendrían que haber previsto los funcionarios del Estado que tenían la oportunidad y obligación de controlar a la Empresa Aguas de La Rioja, y no lo hicieron" señalando que "debieron hacer cumplir el contrato de concesión, hacer cumplir el canon, que es el derecho de alquiler que debió haber pagado la empresa privada por administrar un servicio que es del Estado; nunca los funcionarios públicos le pidieron a la empresa privatizada que pague ese canon mensual, durante ocho años".

Explicó también Galván que "tampoco le exigieron a la empresa el plan de inversión anual, que perforaciones iban a cumplimentar, que cantidad de obra iban a realizar, es decir que esto implica que el dinero de los vecinos de La Rioja, Chamical y Chilecito, haya sido destinado para que el Estado haga las obras que la empresa privada nunca hizo".

También denunció que "otro hecho muy grave es el incumplimiento de los cinco millones de pesos de garantía que la empresa dijo haber puesto al momento de hacerse cargo de la privatización; según lo que nos ha informado el Fiscal de Estado y la propia gente del EUCOP, ese dinero hoy no figura en ninguna cuenta bancaria, ni en ninguna caja fuerte de oficina pública alguna" y destacó que "no es un dato menor, porque el Gobernador cuando rescinde ese contrato en enero último, obliga a la empresa a ejecutar ese contrato, y la pregunta que le hago al señor Moya es qué está esperando para ejecutar la garantía de ese contrato".

Advirtió Galván que "no puede ser que el Estado deba responder ante cada quiebre o vaciamiento de herramientas muy importantes del propio Estado, acá quebraron el IPSAS y nadie fue responsable, fundieron dos veces el Banco Rioja y no hay un solo funcionario preso ni que haya devuelto la plata del Banco".

Continuó el diputado radical resaltando que "no puede ser que los directores del Estado no hayan actuado, siendo que llevaban un mandato de todos los riojanos para representarlos en ese directorio, y estaban presentes cuando se tomaron las decisiones, incluso cuando esta empresa gastó 419.000 pesos en vino, aunque esto último parezca un cuento chino, porque el dueño de la empresa de aguas, el señor Chamas, financiaba con eso su empresa de vinos".

Sobre el efecto de la denuncia en sí, aclaró Guillermo Galván que "si se acreditan sus faltas de cumplimiento de deberes de funcionario, pero si además se acredita un daño patrimonial, van a responder penalmente por este delito, hay sanciones penales y obviamente inhabilitaciones para ocupar cargos públicos".

Refirió Galván que la denuncia presentada por el Fiscal de Estado, fue sólo contra la empresa, pero no contra los funcionarios, de lo cual vienen ahora a ocuparse ellos como bloque de diputados. "La empresa está vaciada, hoy no tiene un solo bien a nombre de ella".

La denuncia fue presentada "ante el Ministerio Público, ante el fiscal de turno, la doctora Moreno, ella será la que tendrá que hacer las tareas de investigación, y posteriormente, seguramente elevará el pedido de investigación al juez de instrucción, que todavía no sabemos cuál va a ser, porque habrá que ver el que este de turno".

También deberán ser investigados "los ministros de Hacienda y de Infraestructura, en la época de Maza había una responsabilidad del Ministerio de Hacienda, esta facultad ha sido delegada al Ministerio de Infraestructura, en la cabeza de estos Ministerios estaba la responsabilidad de hacer cumplir estos contratos".

Prosiguió Galván describiendo que "la empresa de agua le pagaba los gastos de teléfono a Felix Moya y a Germán Gracia, quienes tenían a su cargo el control de la empresa" pero además "Gracia era director de Aguas de La Rioja siendo funcionario público, y la ley de Sociedades Comerciales establece una incompatibilidad para ese cargo, les prohíbe a los funcionarios ser directores de una empresa privada".

A su vez "al señor Chamas el Estado le pagaba sus gastos particulares, como el arreglo de una camioneta, se le pagaba ingresos brutos en Buenos Aires, se le pagaba un teléfono particular en Corrientes y un teléfono satelital, con todo lo que eso cuesta"