Fuentes del órgano de control indicaron que, de aprobarse la pertinencia técnica de la solicitud, recién en ese momento se convocará a la Mesa de Negociación Tarifaria, que será la que, en definitiva, dará curso o no al pedido de la concesionaria del servicio de agua potable.

Según establece el contrato, la compañía puede reclamar un ajuste tarifaria cuando trascurran seis meses desde el última ajuste o cuando se produzca una variación superior al ocho por ciento en los costos que integran la fórmula polinómica de la que se desprende el cuadro tarifario.

El jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 283, mediante el cual la prestataria quedó habilitada para aplicar un incremento de 11,5 por ciento, aunque retroactivo a noviembre del año pasado, por lo que los montos “extra” que no fueron facturados con los consumos de los últimos meses se irán prorrateando en las próximas boletas.

Aunque no hubo detalles oficiales sobre la magnitud del ajuste solicitado por la empresa, se especula que sería de 12 por ciento o más.