Y contaminación del arroyo Maldonado, con “impacto sanitario y ambiental de gravedad, comprometiendo y/o poniendo en riesgo la salud y calidad de vida de las personas que habitan la zona”, son algunas de las  severas acusaciones que el Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata, a cargo de Dante Rusconi, enumeró contra la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y, por consiguiente, a la Provincia de Buenos Aires. 

El fallo tuvo lugar tras una denuncia presentada por vecinos de Villa Elvira, a los que la Justicia les dio la razón, ordenando a ABSA a regularizar la provisión del servicio cloacal y a atender las emergencias desatadas por su mal funcionamiento.

Por los vuelcos cloacales de ABSA “se aprecia que todo el curso del Maldonado se encuentra con niveles de contaminación preocupantes, teniendo en cuenta la proximidad de viviendas y animales domésticos”, alertó la Justicia.

La compañía, por su parte, optó por deslindar responsabilidades en otra cuestionada empresa: Edelap, por los “cortes” eléctricos producidos en la estación de bombeo que ABSA tiene en 1 y 90. 

Frente a esto, el fallo de Rusconi ordenó la instalación de un generador eléctrico en la zona y encargó a autoridades competentes la estimación del daño ambiental producido por ABSA y un diagnóstico acerca de las eventuales medidas de recomposición. 

No es la primera vez que la empresa enfrenta un fallo judicial de estas características: ya el propio Rusconi había intimado a no cobrar la tarifa del servicio a vecinos de Gonnet y Villa Castells, donde el agua contiene exceso de sodio, lo que la vuelve “no potable”; también, fue condenada a devolver $2.000 millones por haber aumentado sus tarifas en forma “ilegal”.

Con el último fallo, la falta de inversión se hace evidente, pese a un tarifazo que, desde la asunción de Cambiemos, le ha permitido a ABSA aumentar sus ingresos en más del 100%: de los $1.670 millones de 2016 a los $3.372 millones del último cierre.

Un negocio redondo, no para los usuarios, sino para los amigos: el presidente de la firma, Raffaele Sardella, es al mismo tiempo un histórico gerente del Grupo Socma, de la familia Macri, controlante de empresas como el Correo Argentino, que Sardella dirigió entre 2005 y 2009.

Lejos de desarticular los negociados K, todo continúa con Cambiemos: por ejemplo, la ampliación de la planta potabilizadora de Punta Lara, encargada a la empresa estatal israelí Mekorot, acusada por delitos cometidos en Medio Oriente.  ¿Cambio? ¿Dónde?