En los pasillos políticos oficialistas la preocupación es notable por otro escándalo desatado en la Jefatura de la Policía. En los de la oposición, comentan sobre la gravedad de los hechos que se denuncian desde la semana pasada sobre la faltante de 67 armas 9 milímetros, al nivel con lo comparan al mismo nivel o peor que el “narcoescándalo”.

En tanto, puertas adentro de la fuerza policial, el malestar es notable, y según cuentan, ya nadie sabe en quién confiar. Ni entre los subordinados, y aún menos entre los altos mandos, donde las sanciones por la “deslealtad” hacia el comisario general Julio César Suárez están a la orden del día.

Línea directa

La causa por el robo de 67 armas Bersa, del propio seno del edificio de avenida Colón al 1.200, no pudo haber sido desconocido por el jefe de la Policía. Incluso trascendió que los hoy detenidos e imputados, jefe de la División Armamentos y Equipos, comisario Sebastián Vaca, y el jefe de la División Exposiciones por Extravío, subcomisario Guillermo Gasser Carrillo, podrían declarar esta semana que Suárez estaba en conocimiento de la desaparición.

Vaca y Gasser Carrillo respondían directamente al comisario mayor Daniel Zambrano, director de Logística, y este a su vez al propio Suárez.

En junio pasado, la noticia ya se conoció en la interna de la fuerza y el dato habría estado en el despacho de la máxima autoridad de la fuerza, a pesar de que la semana pasada dijo enterarse por la prensa. Ese mes se habría llevado a cabo un inventario durante cuatro días en los que habría arrojado la faltante de las armas 9 milímetros.

Irregularidades

El hecho aún es más grave si se tiene en cuenta que la desaparición de por entonces no fue informada oportunamente al Registro Nacional de Armas (Renar) como lo indica el protocolo. En ese sentido, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano avanza en una denuncia realizada por el abogado penalista Alejandro Zeverín, en la que sostiene que existió un encubrimiento de la grave e irregular situación.

En tanto, la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Hugo Amayusco, avanza en las pesquisas por la faltante del armamento, por lo que se concretó el allanamiento realizado el jueves pasado en la Jefatura.

Lo llamativo es que la propia Policía, a través del Eter, concretó el procedimiento en la planta baja y el subsuelo de la Jefatura, casi 48 horas después que el escándalo surgiera a partir de una publicación en un medio porteño, y en medio de supuestos desconocimientos y “chimentos” de la interna policial, a decir del propio gobernador, que puso al jefe Suárez con el objetivo de recuperar los lazos de confianza con la sociedad, tras el autocuartelamiento de diciembre de 2013, algo que parece haber fracasado, e incluso profundizado ante el pico de violencia e inseguridad que se vive en las calles de la ciudad.

Antimotines

Mientras los policías detenidos -están acusados del delito de “peculado de bienes”- aguardan la indagatoria en la fiscalía de Amayusco y otros 15 siguen sospechados -entre ellos un familiar del subjefe de la fuerza-, internamente el malestar crece por la aplicación de la flamante ley delasotista antimotines. La misma prevé la cesantía de por vida para los uniformados, lo que las defensas consideran inconstitucional.