El servicio es monopólico, por lo que mantiene cautivos a los usuarios. Desde hace siete meses lo maneja el Estado, el mismo que da forma a las políticas del ente de control. Los cortes y fallas en el suministro siguen en aumento, tal como reveló Los Andes en su edición del jueves.

Así, sobran las razones para que la administración de Celso Jaque se aboque a reformular el Ente Provincial de Control de Aguas y Saneamiento (Epas), que durante los años de concesión privada dio sobradas muestras de ineficiencia.

Hoy el proyecto para convertirlo en la Administración Provincial de Saneamiento (APS) dotándolo de mayor presupuesto y poder para controlar, está en la Secretaría General de la Gobernación, con el visto bueno del ministerio de Infraestructura.

Pero nadie arriesga que será enviado a la Legislatura antes de los comicios de octubre. Esto porque no confían en obtener el apoyo de la oposición y temen otro revuelo político antes de convertirlo en realidad.

El titular del Epas, Javier Montoro, ya remitió el borrador definitivo al Ejecutivo que modificaría la ley 6.044 sancionada en 1998 cuando se privatizó el sistema y que dio origen al actual ente de control.

Entre otros cambios establece que bajo la denominación de APS se reformularía un organismo de control que será el responsable de controlar a la empresa, hoy en manos del Estado, fijando una nueva estructura de costos para el régimen tarifario, diseñando las políticas de aguas y saneamiento para prestar el servicio, con mayor presupuesto y en lo posible que quede fijado en un porcentaje de la pauta de la provincia, entre otras cosas.

Hoy el ente de control se maneja con ocho millones de pesos anuales, cinco fluyen de la pauta oficial y los otros tres llegan de la tasa de control y saneamiento resultante del 2,76 por ciento de lo que pagan los usuarios en la facturación.

Para el titular del Epas estos fondos son insuficientes porque debe pagar a unos 60 empleados entre inspectores y administrativos, mantener vehículos, montar operativos de control y hasta alquilar el edificio de calle San Juan donde funciona el ente desde hace años.

Pero además del presupuesto, el proyecto que está hoy en el cuarto piso de Casa de Gobierno, contempla la conformación de un nuevo régimen tarifario basado en la incorporación de mediciones del consumo y zonas donde más se derrocha.

Para esto no solo se piensa en la instalación de miles de medidores, porque se sabe que demandarán una fuerte inversión por parte de la provincia que hoy no está en condiciones de concretar.

"Hasta los subsidios se deben revisar. Esto porque jubilados y carenciados pagan un fijo y se les cobra a manguera abierta, es decir que gastan lo que quieran", puntualizó Javier Montoro en diálogo con Los Andes.

Otra de las modificaciones apunta a que el régimen tarifario ponga en blanco las zonas donde más se consume. Como se trata de un servicio que funciona al borde del colapso por la gran cantidad de filtraciones y escasez de obras que acusa, Montoro cree que hay que implementar un sistema donde se controlen los excedentes y se fije un límite de gasto promedio mensual.

Así quien lo sobrepasa debería pagar más por su exceso. Para esto se mira el sistema de Entre Ríos, donde el ente ha elaborado un mapa de mayores consumos y en base a esas "zonas rojas" se establecen diferentes tarifas.

Los tiempos políticos indican que este año no se montará el escenario adecuado para tocar tarifas de servicios públicos.

Esto porque se conoce la necesidad de incrementar hasta 70 por ciento en las boletas para equilibrar costos y prestación del servicio. Pero nadie ignora que esto no prosperará a poco más de 3 meses de los comicios y mucho menos cuando el candidato del oficialismo es el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien debería tomar la polémica medida.

Uno de los puntos que generó mayor resistencia en la presentación del proyecto es quién marcará el plan de políticas sanitarias a llevar a cabo en los próximos años.

En este capítulo, el Epas se propone como generador de esas medidas y Jaque lo rechazó de plano. Tanto los técnicos de Infraestructura como el mismo gobernador consideran que debe estar en manos del "poder concedente", es decir del gobierno de turno.

Otro punto que genera desentendimientos es quién debe ser el conductor de la APS. Para el Epas esos cargos deben ser propuestos por el Ejecutivo, y salir con acuerdo del Senado, como sucede hoy con el presidente. Y deben finalizar cuando la nueva administración decida la remoción.

Pero en el entorno de Jaque dudan si debe durar 4 años y renovarse al compás del gobernador. El modelo que se piensa tiende a imitar lo que ocurre hoy en el Departamento General de Irrigación, cargo que se ejerce durante al menos cinco años.

Sobre lo que no hay una postura tomada es acerca de quién deberá presidirlo, porque Montoro considera que debe seguir siendo el poder político quien lo designe, mientras que otras voces del Ejecutivo apuntan a que la capacidad técnica debe ser lo que prime.

Aunque en esto último tuvieron una mala experiencia con la conducción del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), porque la dirección anterior significó un verdadero escollo a partir de su pelea con el titular de Infraestructura, que lo llevó a estar incomunicado durante meses y saber poco y nada sobre los incumplimientos en las eléctricas.

Lo que pretende Montoro es que todos los directores pasen el filtro del Senado, no solo el presidente. Así los referentes de los demás partidos políticos y el representante de los municipios deberá ser evaluado por la oposición y hasta someterse a los cuestionamientos de la audiencia pública.

La inamovilidad mientras dure el mandato también está en discusión. Es que se mira la historia y desde 1995 hasta 2008, hubo 5 directores y 2 interventores al frente de ese organismo. Por lo que las responsabilidades de que hoy la empresa esté en terapia intensiva y con una fuerte necesidad de financiamiento oficial, quedaron diluidas.