Las causas son mucho más profundas y complejas y no se resuelven con solo aumentar el número de policías, sin atacar al mismo tiempo las causas de índole social, económica, educativa, sanitaria y judicial, que son las verdaderas responsables de la situación en que se encuentra el país en general y el Partido de Gral. Pueyrredon en particular. 

Según la ley 12.154, actualmente vigente, corresponde al Estado Provincial la competencia y el mantenimiento del sistema de seguridad pública. 

La ley 13.482, que habla de descentralización y desconcentración operativa de las policías de la Prov. de Bs As., no altera el principio general establecido en la ley antes mencionada, que por otra parte responde jerárquicamente a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica Municipal. 

Ya en ese punto vemos un error cuando se habla de policías en plural, porque aquí se trata de una jurisdicción única,- que es la provincial-, y por lo tanto la policía es una sola. 

El Ejecutivo Municipal, con la convalidación de la adhesión al “Régimen de Policía de Prevención Local” busca la aprobación de normativas complementarias que llevan a un desorden funcional, más allá del económico, que sólo generará nombramientos de funcionarios de alto rango; Nada más, ni nada menos, que siete DIRECTORES GENERALES, (vulgarmente conocido como “muchos caciques”). 

Al no estar claras en el proyecto las competencias de cada uno de los jefes (policiales y municipales) de esa Policía de Prevención Local, es inevitable la producción de duplicidad de órdenes y contraordenes, con el consecuente deslinde de responsabilidades de los funcionarios a cargo, esto sin contar los conflictos de jurisdicción que se producirán. 

Del análisis de la profusa legislación vigente, y teniendo presente que la policía provincial es una sola, que su personal es todo provincial, resulta claro que con esta “aparente” división (tan solo en la denominación de los agentes policiales) el gobierno provincial busca delegar a nuestro municipio su principal función que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ignorando toda clase de consecuencias de tipo legal, que se relacionan con el status laboral, sueldos, jerarquías, responsabilidades, etc.; Conflictos inevitables dado que, les recuerdo, los agentes no serán empleados municipales. 

Estamos absolutamente seguros que generar más burocracia, y designar más funcionarios aumentando desproporcionadamente los gastos, esta lejos de acercar a la policía a la gente y que solo generará un mayor desfasaje presupuestario que va a repercutir nuevamente en móviles sin combustible y vehículos detenidos y arruinados sin mantenimiento alguno. 

Tampoco estamos de acuerdo con el contenido del artículo 17 del proyecto, por cuanto atribuye al eventual Director General de Planificación y Análisis, funciones de inteligencia policial, que están expresamente prohibidas por la legislación vigente. Lo que lamentablemente repercutirá en la impunidad de los delincuentes que amparándose en las garantías constitucionales podrán pedir la nulidad de lo actuado y así todo el trabajo de los efectivos policiales caerá en la nada, y veremos en funcionamiento la puerta giratoria –entran por un lado, salen por el otro- 

El llamado Centro de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia y la integración de un Consejo Académico de “contornos difusos y laxos”, tampoco se considera una contribución al problema de la seguridad. 

Un capítulo aparte merece la llamada Escuela Municipal de Seguridad Local, la cual le genera a la actual Secretaria de Seguridad y Control, no solo la labor de seleccionar a los aspirantes a policías, sino también la gestión y administración de la formación del personal policial. A ello se une, la posibilidad de, la misma escuela, de formar y capacitar inspectores municipales, miembros de la Justicia Municipal de Faltas y en general de todo el personal de apoyo del municipio abocado a trabajos vinculados a la seguridad. 

No se acompaña un programa de trabajo, tampoco un plan de estudios, un proyecto de horas-cátedra, ni la cantidad de profesionales y/o funcionarios que deberán nombrarse. 

Es obvio que una escuela con capacidades y objetivos tan amplios tendrá un costo enorme que difícilmente podrá afrontarse con el presupuesto actual. 

En realidad si bien la idea de una escuela de seguridad no es mala para hablar con realismo su formación y mantenimiento exige un importante aporte económico de la Pcia o lo que es peor aún, una profunda reforma del sistema impositivo que permita afrontar ese desafío. 

Otro detalle no menor que aconsejan la no aprobación de este proyecto es que no se concretan los montos, los supuestos aportes del municipio, ni tampoco como se van a financiar. Y este no es un tema menor porque debieran ser incluidos en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el próximo ejercicio, y tratados y aprobados por el Honorable Concejo Deliberante. 

También nos preguntamos si la creación de todo este enorme aparato burocrático contenido en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo no exigiría para ser coherentes la eliminación de la actual Secretaria de Seguridad Municipal. 

Agrupación Atlántica sigue exigiendo al Ejecutivo Municipal, el cumplimiento integral de los convenios de seguridad YA suscriptos (instalación de las cámaras, acondicionamiento de los patrulleros, suministro de combustible, etc) a fin de proveer a las fuerzas policiales de todos los elementos y condiciones indispensables para la efectiva realización de su tarea brindando pronta respuesta a los vecinos. Y solicitamos al gobierno provincial, los casi 700 efectivos que prevé el convenio, con unidad de mando, pero con mayor colaboración municipal y transparencia en su gestión.