La agrupación Acina continúa la lucha por la regularización de tierras

La agrupación Acina continúa la lucha por la regularización de tierras
Miembros de la asociación recorrieron el interior provincial y se reunieron con comunidades indígenas.
Representantes de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (Acina) de las provincias de Santa Fe y Chaco se reunieron con los miembros de organizaciones del interior provincial para evaluar cuál es la realidad respecto a la titularidad de terrenos, frente a la extranjerización de los distintos emprendimientos agrícolas que se desarrollan en la mayoría de los departamentos de la provincia.

Asimismo, los representantes de Acina aseguraron que solicitarán una reunión con la Gobernadora Lucía Corpacci para presentar la problemática del Este provincial, donde –señalaron- existen 16 mil hectáreas en conflicto por la regularización de terrenos.

Mediante conferencia de prensa, Manuel Aguirre, miembro de Acina y referente de la comunidad originaria de Medanitos, manifestó que “el objetivo principal de la asamblea es visualizar la problemática que viven aquellas poblaciones campesinas que están siendo amenazadas por el avance de capitales extranjeros en tierras para la explotación agrícola y minera, como ocurre en el Este y Oeste provincial. Tenemos conocimiento de que hay pedidos de desalojo en algunos sectores”.

Por otra parte, Aguirre indicó que “la lucha campesina es por la sustentabilidad de la economía familiar. Nuestro territorio se ve afectado por los cultivos de soja y por las explotaciones mineras. Una de las zonas más afectadas es La Paz. Allí, los pobladores reflejaron su preocupación por la gran sectorización de terrenos que les provoca la imposibilidad de tener animales”.

Por ello, los miembros de la agrupación comentaron que tienen prevista una reunión con la gobernadora y con las autoridades del Obispado, para aunar criterios y poder llegar a una solución.

Antecedente

Desde el mes de junio del año 2013, los departamentos de Tinogasta y La Paz se encuentran en alerta roja, ya que superan el límite del 15 por ciento establecido para la venta de terrenos rurales a capitales extranjeros. Luego de haber entrado en vigencia la ley contra la extranjerización, se prohibió en las localidades la comercialización de territorio, con el objetivo de resguardar el patrimonio y la soberanía local.

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