Un importante precedente para los pueblos que luchan por la defensa de la salud y el ambiente sano y contra el uso indiscriminado de agrotóxicos se desprende de la sentencia que dictó este martes la Cámara en lo Criminal Nº 2 de Resistencia. Es que la jueza Lidia Lezcano de Urturi consideró que los miembros de la familia Aranda actuaron en “legítima defensa” cuando en enero de 2010 impidieron el paso de un tractor que suponían se disponía a fumigar con agrotóxicos al lado de su pequeña chacra y de una escuela cercana en la zona rural de Colonias Unidas, a poco más de cien kilómetros de la capital chaqueña.

Tras conocerse el fallo, en contacto con CHACO DIA POR DIA, uno de los abogados de la familia Aranda, Danilo Ismael “Polo” Legal, consideró que la sentencia de la Cámara del Crimen Nº 2 “sienta un antecedente importante que defenderse contra los agrotóxicos es legítima defensa”. Para la lectura de la sentencia, la jueza pidió que un grupo de militantes ambientalistas se retirara de las afueras de la sede judicial ubicada en avenida San Martín y Juan B. Justo, con pancartas que rezaban “Fuera Monsanto”.

Legal explicó que si bien la jueza reconoce en la sentencia que el hecho existió, considera que el accionar de la familia se basó en la “legítima defensa” para defenderse de los “agrotóxicos”, que fue el concepto elegido por la propia jueza Urturi para referirse a los herbicidas o pesticidas utilizados en la producción agrícola.

El caso

Vale recordar que el fiscal de la localidad de General San Martín José Sorabella, acusó a Luciano Aranda, a su hijo Hugo y a su esposa Lucía González por el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas” y elevó la causa a juicio. El fiscal dio un trámite más que expeditivo a la denuncia de un productor sojero de la zona cuando en día lluvioso de febrero de 2011 los Aranda detuvieron el paso de un tractor fumigador por uno de los caminos vecinales de su chacra y le pidieron al conductor que aguarde la llegada de los agentes policiales –que la propia familia había llamado- para constatar si contaba con los requisitos que exigen las leyes ambientales chaqueñas para la aplicación de agroquímicos. Luego, llegaron al lugar los agentes policiales y el ingeniero Guido Copetti, quién por aquel entonces se desempeñaba como inspector de la ley de Biocidas –en el marco del Ministerio de Producción y Ambiente-. Tras de una serie de discusiones, el conflicto parecía superado, sin embargo la familia campesina fue denunciada penalmente por el sojero Roberto Olivieri.

El fiscal de Cámara no acusó y analiza investigar posible contaminación

Ya en el marco del juicio oral, la acusación contra los Aranda ni siquiera fue sostenida por el fiscal subrogante de la Cámara del Crimen Nº 2, Héctor Elio Valdivia, quién consideró que habían actuado en defensa del derecho a la salud y que por lo tanto no habían cometido ningún delito. Además de eso, el fiscal solicitó el expediente donde constaban todas las denuncias que habían realizado desde el año 2009 por las fumigaciones sin ningún tipo de control y por las cuáles nunca habían obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. Valdivia evaluó que se podía configurar el delito de supuesta contaminación ambiental. Con esos antecedentes, la jueza Urturi consideró que los Aranda actuaron "en legítima defensa" para protegerse de las pulverizaciones con "agrotóxicos".