Unas 110 instituciones de la provincia estarán representadas hoy en los actos que se realizarán frente a la Legislatura santafesina para presentar un petitorio para que los senadores traten la actualización de la ley 11.273/95 que regula el uso de agroquímicos. El documento que entregarán a los legisladores estará avalado por 25 mil firmas de santafesinos que reclaman que las autoridades que se ocupen de resguardar la salud de los habitantes y preservar el medio ambiente del impacto que produce la actividad agrícola en permanente expansión y asociada a una profusa utilización de biocidas.

En su demanda los vecinos proponen que se utilice el esquema de un proyecto reingresado al Senado en 2011, con las modificaciones propuestas por más de 70 de los llamados pueblos fumigados, y que se resumen en la prohibición de aplicar químicos agrarios con métodos terrestres en una distancia menor a 800 metros de zonas pobladas, escuelas, caseríos y cursos de agua; restricción total de aspersiones aéreas en toda la provincia y expresa prohibición de utilizar agroquímicos en los silos ubicados en inmediaciones de ejidos urbanos.

A través de un intenso trabajo en el que se volcaron aportes científicos y técnicos, las instituciones condensaron los fundamentos de un proyecto integral al que acompañan las firmas, revelador del riesgo que implican estas prácticas y, en muchos casos, la prueba directa de su relación con afecciones a la salud. Entre otros puntos, señalan como referencia el estudio realizado por el Ministerio de Salud provincial en el barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge.

La iniciativa también recoge elementos de juicio nacionales e internacionales que imponen prohibir las fumigaciones aéreas con agroquímicos no sólo por ser incontrolables sino porque sus residuos alcanzan distancias mensurables en kilómetros.

Pedido."Exhortamos a nuestros representantes a hacerse eco del reclamo popular, especialmente por tratarse de una de las muestras ciudadanas de participación más importantes de las que se tenga registro en la provincia, recogida en 70 poblaciones que cubren prácticamente toda la geografía provincial y con el apoyo explícito de más de 110 instituciones de la vida civil. Advertimos que ya no es admisible argumentar ignorancia", advierte el petitorio.

"Miles comprometieron esfuerzo y recursos en una empresa que trasciende una moda o pasatiempo. Se trata de la defensa de derechos humanos básicos y difícilmente las víctimas acepten calladamente una nueva frustración", advirtieron.

Los actos. Las firmas serán entregadas al mediodía al vicegobernador y presidente del Senado, Jorge Henn. Previamente, los miembros de la campaña "Paren de Fumigarnos" y afectados directos darán una conferencia de prensa en la escalinata de acceso a la Legislatura.

Los vecinos de pueblos fumigados invitaron a la ciudadanía y a los medios de prensa a asistir a los actos públicos que iniciarán a partir de las 10 y acompañar con su presencia activa el reclamo por una mejor calidad de vida para todos y todas.

Concientización. "Ya no se trata del reclamo de grupos minoritarios del interior provincial sino que en la medida en que la concientización de la gente avanza, se acrecientan las muestras de apoyo y movilización para solicitar la intervención de las autoridades", dijo a LaCapital el presidente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), Carlos Manessi.

El ambientalista explicó que ese apoyo también se advierte en el sector institucional "y una muestra de ello es que ahora avalan este pedido la Sociedad de Pediatría de Reconquista, la Unión Obrera Metalúrgica de Santa Fe, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Asociación de Magisterio de Santa Fe, la Asociación de Prensa de Santa Fe, la Central de Trabajadores de la Argentina, organizaciones vecinales y escuelas que están de acuerdo y acompañan la petición a los senadores".

"Para fines de septiembre se programó una segunda entrega de firmas y apoyo institucional a los legisladores porque queremos evitar que se repita la experiencia del año pasado", dijo Manessi en relación al proyecto de modificación que se presentó en 2011 y fue aprobado en Diputados, pero luego perdió estado parlamentario en el Senado porque no fue abordado.