“La Ley 10699 exige la firma de una ingeniero agrónomo matriculado para la receta de adquisición y aplicación de agroquímicos y no se esta cumpliendo con ese requisito, no se exige para llevar adelante una producción agropecuaria y todo queda librado a la voluntad del productor”, explicó Carmela Di Leo, presidenta del DIA.

Agregó que “la fiscalización del uso deproductos que se aplican en la producción extensiva cercana a ciudades, escuelas, ríos y arroyos, esta regulada, pero el Estado hace años que no cumple con lo que dice la ley”. En ese sentido puntualizó que “un producto tiene que cumplir con un período de carencia, cuando aplicas un agroquímico hay un tiempo en el cual no se puede consumirm y al no haber control no se puede garantizar que ese alimento no tenga residuos”.

Para Di Leo el verdadero problema es la falta de cumplimiento de las leyes por parte del Estado y la falta de información de la población, lo que genera pasividad en el consumo de productos que no ofrecen garantías sanitarias, sobre todo aquellos que se cultivan en producciones intensivas, fundamentalmente la horticultura, en la que suelen utilizarse productos con un mayor grado de toxicidad y en cantidades mayores. De todas maneras el problema es extensivo a todo tipo de cultivos.

“Cuando se vende un producto de producción intensiva como soja o maíz, necesariamente le aplicaste agroquímicos, recordemos que el 95% de la soja que se produce en el país es transgénica, resistente al glifosato y por eso se utiliza siembra directa y glifosato, lo que no se fiscaliza aunque esté cerca de una escuela”, detalló la presidenta del DIA y agregó que “cuando vas a trasladar esa soja, por ejemplo al puerto de Rosario, necesitas la carta de porte, la declaración ante la AFIP, es decir que todo se cumple, menos la parte del control del uso de agroquímicos.

La creación de un nuevo colegio no resuelve el problema

Lamentablemente la falta de exigencias por parte del Estado también derivó en el ejercicio ilegal de la ingeniería agronómica, lo que se demuestra con solo repasar la estadísticas del Colegio, según las cuales hay alrededor de 1800 profesionales de esa rama matriculados, mientras que los promotores de la creación de una entidad específica para ingenieros agrónomos afirman que enla provincia hay casi 15 mil, por lo que la amplísima mayoría estaría actuando fueran de las leyes de control del ejercicio profesional.

“La salida no es crear un nuevo Colegio. Los agrónomos que no se matricularon en el CIPBA porque nadie se los exigía, ¿por qué lo van a hacer en una nueva entidad, si además van a seguir aportando a la misma caja previsional y probablemente deban pagar una matrícula mas cara?, se preguntó Di Leo a la vez que recordó que del total de matriculados poco mas de una cuarta parte esta inscripto en el registro de Agroindustria para poder trabajar con agroquímicos.

La realidad es que la falta de matriculación de muchos profesionales fue uno de los argumentos centrales que utilizaron los agrónomos que impulsaron el proyecto, lo que llamativamente significó un reconocimiento implícito de que había miles de ingenieros ejerciendo de manera ilegal en todo el territorio bonaerense, algo que hubiera sido imposible si los controles establecidos en la legislación se hubiern aplicado enlos últimos años.