Dos locales públicos fueron saqueados por los manifestantes. Pese a que el gobierno había ordenado enviar a miembros de las fuerzas policiales, estos no se hicieron presentes
Manifestantes contra un proyecto minero saquearon dos locales públicos la noche del jueves en Puno (sur de Perú), donde una huelga paraliza desde hace 17 días esa región fronteriza con Bolivia, informó el contralor general de la República, Fuad Khoury.
"Una turba ingresó al local de la Contraloría (entidad que fiscaliza los gastos estatales), sustrajo computadoras y documentos y los quemó", dijo Khoury a la radio RPP al denunciar los actos de violencia, que son los primeros que se registran en Puno en el contexto de la huelga.
En la protesta participan más de 5.000 campesinos que han llegado a Puno desde zonas alejadas, dijo Andía, para demandar la eliminación de todas las concesiones mineras en la región alegando que esas actividades contaminan la zona.
En la mañana del jueves miles de campesinos que llegaron a la ciudad desde distintos puntos y que durmieron por segundo día consecutivo en un coliseo deportivo al sur de Puno, comenzaron a marchar hasta la Plaza de Armas arengando por el fin de la minería.
"Vivimos en democracia, todos tienen derecho a protestar, pero eso no les da la licencia de ir contra personas inocentes", añadió el funcionario al aludir a un intento de atacar a empleados públicos que se hallaban en el lugar. Los vidrios del local de la Contraloría, de tres pisos, quedaron rotos tras recibir pedradas de los manifestantes, que se salieron de control ante la escasa vigilancia policial, según el relato de radios locales.
Pese a la violencia no se registraron enfrentamientos con la policía, indicó Wilmar Andía, jefe de la policía de Puno, quien confirmó las versiones del saqueo al local de la Contraloría y también de la Gobernación.
"Tengo informacion de que han quemado algunos mobiliario de la Gobernación y un vehículo que estaba delante del edificio", declaró Andía a RPP. La violencia estalló horas después de haberse suspendido el diálogo entre una comisión gubernamental y los dirigentes de la protesta agrupados en un Comité de Defensa de los intereses de la población.
Pese que el Gobierno del presidente Alan García había autorizado al Ejército hace unos días a custodiar los servicios públicos básicos de Puno, estos no se hicieron presentes
A pocos días de la segunda vuelta de la elección presidencial del 5 de junio, unos 15.000 campesinos de origen aymara tomaron Puno en protesta contra las concesiones mineras en la región.
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