Durante las últimas horas cobró fuerza la versión sobre la posible intervención de la Municipalidad de Yerba Buena, para desplazar al polémico intendente de Cambiemos Mariano Campero.

La posible caída de Campero también es evaluada en los altos mandos del PRO, preocupados por la investigación sobre graves irregularidades en Yerba Buena que emitió TN en horario central hacia todo el país.

Yerba Buena enfrenta una aguda crisis institucional, ya que el Concejo Deliberante se encuentra paralizado al no poder elegir autoridades. Esa anómala situación por si sola ya podría justificar una intervención en Yerba Buena por parte de las autoridades provinciales.

Paralelamente, el intendente está acusado de negligencia por la muerte de un niño a causa de la caída de un árbol en su municipio. Los vecinos venían advirtiéndole a Campero sobre el peligro que representaba dicho árbol, pero el funcionario no atendió los pedidos.

Mientras, la "Ciudad Jardín" parece sitiada por obras a medio hacer, que languidecen mientras los conductores deben buscar vías alternativas, en medio de pozos y montañas de basura.

Además de la extrema impericia, las sospechas por corrupción se incrementan. Este miércoles, en TN, el periodistaNicolás Wiñazki le dedicó una larga investigación al negocio que hizo Campero con la empresa RTD, una firma fantasma mendocina, para que realizara una simple encuesta de 400 casos.

"En el caso de Campero la nueva política tiene mucho de la vieja. Tiene 32 años y ya está envuelto en denuncias e irregularidades, como es el contrato con la consultora Reale Dalla Torre, que está ahora en la justicia", indicó Wiñazki.

La investigación surgió luego de que un empleado del área de Despacho de la Municipalidad concurra a una de las sedes establecidas por la firma RDT, en calle Paraguay 1.201, de Yerba Buena. Tras revisar una y otra vez la numeración de las propiedades de esa zona y preguntarles a vecinos, el trabajador descubrió que, en realidad, se había fijado una dirección inexistente, según precisó La Gaceta.

La denuncia de Wiñazki señala que Campero y su jefe de gabinete, Manuel Courel, “idearon y materializaron” el acuerdo con la consultora mediante un procedimiento irregular, por contratación directa, falseando el domicilio de una empresa que está siendo investigada por peculado, falsificación de documentos y lavado de activos.