La Federación Argentina de la Magistratura refutó ayer las palabras de la presidenta, Cristina de Kirchner, sobre el rol de los jueces. "La ley obliga a todos los funcionarios a arbitrar los medios para poner fin a un delito en curso del que tomen conocimiento. La Presidenta está alcanzada por esta obligación y tiene el deber de poner en marcha el sistema judicial para que investigue, separe y castigue a esos funcionarios que cobran por excarcelaciones", sostuvo su titular, el salteño Abel Fleming.

Agregó que las generalizaciones descalifican a los justos, protegen a los culpables y lesionan a la Justicia. Por su parte, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Buenos Aires, Carlos Lami, consideró que los dichos debilitan a las instituciones democráticas. En esa línea, el conductor de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo habló de presiones. "Fue un nuevo intento de indebida presión a un Poder Judicial que cumple con su rol constitucional de control", dijo.