Echeverría, extitular de Medio Ambiente, defendió el procedimiento cuestionado por el gobierno actual.
"Todas estas medidas garantizaban y garantizan hoy el correcto almacenamiento y la independencia de este residuo con el medio circundante, sin que este fuera el objetivo final", señaló en un escrito enviado a este medio.
Agregó que en el último año de gestión se avanzó en una de licitación pública, "siendo obligatoriamente respetuosos de la autoridad de aplicación nacional, la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación".
En este sentido, indicó que al gobierno nacional se le solicitó el listado de empresas autorizadas para exportar PCB y que la respuesta, obrante en el expediente, fue que había una sola autorizada en el país que era la empresa Tredi, por lo tanto el proceso licitatorio se encaminó hacia una contratación directa.
Justamente esa licitación fue fuertemente cuestionada por la actual gestión, que llamó a un nuevo concurso, en el que concursan tres empresas, incluida Tredi, a pesar de los cuestionamientos iniciales.
Echeverría volvió a responsabilizar al gobierno nacional por los fondos necesarios para tratar definitivamente este contaminante.
"El convenio de transferencia de Hipasam a Hiparsa contemplaba que el entonces Ministerio de Defensa debía aportar los fondos necesarios para resolver todos los pasivos ambientales que esta empresa nacional dejaba al suelo de nuestra provincia. Sobre este compromiso se hicieron los reclamos correspondientes, sin ninguna respuesta", recordó el ex funcionario.
Echeverría explicó que el proceso de eliminación se inició hace varios años con el retiro de transformadores de la planta industrial, llevado adelante en el marco de la licitación de transferencia de Hiparsa a Minera Sierra Grande y más tarde continúo con el almacenamiento de transformadores y tambores que fueron depositados en los polvorines, lugar considerado seguro para albergar este peligroso contaminante.
En la siguiente etapa se trasvasó a tambores todo el líquido contaminado, almacenando nuevamente todo en los polvorines para su futura eliminación. "Esto permite también que no sea necesaria la exportación de los transformadores, que por su peso encarecería notablemente el precio", explicó el exfuncionario de la gestión Saiz.
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