Mass explicó que la competencia se fija por el lugar de comisión de los hechos que, en este caso ocurrieron en Misiones, aunque aclaró que "la excepción de la conexidad que pueda tener con una causa x, que sería la investigación del atentado contra la Mutual Amia". Agregó que el juez Oyarbide no es el Juez de la causa Amia, sino el Juez Rafeca, en consecuencia no es él el juez que por conexidad podría reclamar alguna cuestión relacionada con el atentado a la mutual judía. Tampoco surge de las escuchas nada relacionado al atentado a la Amia, sino que uno de los escuchados sería familiar de víctima del atentado.

Sostuvo que al no existir conexidad con otra causa, "se queda en el tema territorial y a su vez lo que hay que determinar es si la causa es federal u ordinaria. Si la causa es federal de un delito cometido en Misiones, le corresponde al doctor Chávez y la pregunta sería entonces, ¿qué hace Oyarbide en la causa? Circo", sentenció.

El defensor de Gallardo explicó además que si Oyarbibe insiste en su competencia, "pese a ser claramente incompetente, se traba el conflicto de carácter positivo, porque hay dos jueces que se declaran competente. Esto lo resuelve la Corte Suprema de Justicia".

Situación de los jueces posadeños

Tanto Gallardo como Rey "están sujetos a una investigación por un acto que en realidad han hecho en el marco de sus atribuciones, que puede o no ser cuestionable como todo acto judicial, pero no es en absoluto un acto ilegítimo, porque los jueces pueden ordenar la intervención de líneas telefónicas. Es decir que no es una escucha ilegal. Escucha ilegal es la que hace permanentemente el Gobierno Nacional sin intervención de un juez", aclaró.

"En estos momentos están sospechados y a disposición del juez que consideran competente y se haya hecho el planteo de competencia. Están en una especie de stand by, a la espera de la resolución de la Corte", agregó.