No pudo ser paliado con las 500 viviendas del Plan Federal que tardaron cinco años en construirse, porque en este tiempo se agregaron nuevas familias con la necesidad.

Para el secretario de Acción Social municipal, Rubén Rasso, el número de núcleos familiares que necesita un techo propio ascendería a los 3.000. Pero desde un grupo de mujeres del PJ liderado por Roxana Pedraza, dicen que este número es muy superior: denuncian que hay cerca de 6000 expedientes “cajoneados” en el municipio, a los que deben sumarse aquellas familias que nunca se acercaron para pedir ayuda, que podrían ser otras 3000.

Mientras tanto, el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Traverso, consideró que en Junín no se destinan fondos del presupuesto para la construcción de viviendas, sino que se aguardan soluciones desde la Provincia y la Nación. Y aseguró que desde su área se realizan acciones para frenar el desborde social.

Número oficial

El secretario de Acción Social, Rubén Rasso, consideró que “nosotros teníamos un padrón aproximado de 5000 viviendas, donde estaban incluso las del Plan Federal. Creo que andaremos en un déficit de 3000 casas”.

“Yo creo que esta realidad va a estar dada por el censo en la ciudad, porque ahora tenemos apenas una orientación con este número importante”, estimó.

El funcionario dijo que “estamos permanentemente trabajando con gente que viene de otros lugares, que llegan para radicarse a Junín y nosotros tratamos que vuelvan a sus lugares de origen. Llegan de pasada, en búsqueda de trabajo, y vienen sin absolutamente nada, que es lo más lamentable. Son muy pocos los que llegan con un buen empleo estable”.

“Toda esta gente que viene sin nada, tratamos de ayudarlos unos días pero también tratamos de que se vuelvan, porque tenemos los problemas de habitación, de vivienda, de empleo, y no podemos dar solución a todos”, agregó.

También remarcó que “estas personas se ubican donde se puede. Tenemos en la terminal de ómnibus o la estación de trenes y luego se dirigen a Bienestar Social, por la demanda de la comida y de alojamiento, todo lo que necesita una familia y sobre todo los chicos, que es lo más problemático”.

Por otra parte, rechazó la idea de crear una tasa para la construcción de viviendas. “El vecino tiene una enorme carga tributaria en estos momentos, desde las tasas municipales a los impuestos provinciales o nacionales. Si sumamos otra cosa más, a la gente no le gustará, según mi criterio personal”, opinó.

“Todos, a través de los distintos impuestos, estamos aportando para las viviendas sociales. Sin dudas que Junín, sacando el Plan Federal, es una ciudad que hacía quince años que no se construían este tipo de casas y sabemos que el encargado de estos planes debe ser el Estado nacional”, dijo, remarcando que “agregar una tasa municipal sería contraproducente”.

Más de 6000

Roxana Pedraza, de un grupo de mujeres militantes del Partido Justicialista, explicó que “somos también un grupo de mujeres que padecemos la problemática de muchas familias de Junín: no tenemos un techo propio. Muchas estamos viviendo con suegras, padres, tíos, otras alquilando, y también siendo ocupas, porque es la única posibilidad que nos queda”.

“Acá tenemos miles de expedientes en el municipio que quedan cajoneados. Así que comenzamos a unirnos, a organizarnos, para poder reclamar por nuestros derechos, porque con una verdadera política de vivienda no se llega a estos extremos”, dijo.

Pedraza recordó que “nosotras presentamos un proyecto en noviembre, y recién después del tema de Villa Soldati, nos convocó el municipio para darnos una respuesta. Entregamos una ordenanza del año 1996, por la que fue creado el Banco de Tierras en Junín, además de haber un decreto provincial en el 2005 decretando el estado de emergencia habitacional en todo Buenos Aires”.

“Pero jamás, cuando íbamos unitariamente o por barrio, se nos explicó algo. Se nos recibían las cartas y nos mandaban a esperar. Pero si sabía que hay una emergencia habitacional y un Banco de Tierras, vemos que no se ha hecho nada”, señaló.

También propuso que “tal vez podría crearse un pequeño impuesto para viviendas, así como estamos pagando para seguridad”.

En cuanto a los números, la dirigente observó que “según los datos que maneja el grupo, sabemos que hay alrededor de cinco a seis mil expedientes cajoneados en la Municipalidad. Pero además se nos ha unido gente que nunca se presentó, así que es terrible la cantidad, con todos los que nunca se anotaron que deben ser fácilmente tres mil más”.

Frenando el desborde

Finalmente, el coordinador de Desarrollo Social, Gustavo Traverso, remarcó que “hay distritos con un enorme déficit habitacional, que viene desde el 2007 cuando nosotros planteábamos que en Junín hacían falta más de 3000 viviendas y desde el Gobierno Local no se planteaban alternativas, sino que simplemente se esperaba el Plan Federal, una solución nacional”.

“Hay que mirar los presupuestos ejecutados del municipio y la inversión en viviendas es cero, porque no construyó ninguna vivienda entre el 2007 y la actualidad. Solamente se están terminando las viviendas programadas del Plan Federal, para las que hubo que hacer gestiones porque el municipio las había abandonado”, recordó.

También opinó que “una sociedad que crece, genera nuevas familias y no tiene una respuesta clara, sobre todo en sectores populares donde no puede resolver el tema el mercado inmobiliario, obviamente se generará déficit habitacional y se agrava con gobiernos que no gestionen”.

“Además, atrás de estas ocupaciones de tierra, hay elementos que distorsionan hechos y generan violencia, pararnos en una cuestión social para generar violencia. Esperemos que esto no llegue a la provincia”, señaló, resaltando que “si no hay capacidad para dar respuesta social, es un tema que en cualquier momento estalla”.

Alternativas

Gustavo Traverso consideró que “sin intervención de políticas públicas no hay solución para este problema de viviendas. El Gobierno municipal puede comprar tierras, subdividirla y dar a pagar los lotes. Que se paguen o no, dependen de la gestión de cobranza que se haga”.

“El Plan Federal tiene un nivel de cobrabilidad del 95% en toda la Argentina, pero en Junín no se cobra, cuando el responsable de generar la cobranza es el gobierno municipal”, puntualizó.

El coordinador del Ministerio nacional dijo que “cualquier argentino o juninense que no tenga ingresos extraordinarios, estamos hablando de 10.000 pesos para arriba, no tiene acceso a la vivienda. Si el mercado inmobiliario no puede solucionar esto, debe intervenir el Estado. El Estado debe facilitar el acceso a la tierra”.

“Por ejemplo, el Gobierno municipal puede repartir tierras fiscales, o puede decretar expropiaciones. Una manzana en el barrio Ricardo Rojas puede subdividirse, arrimar los servicios y ofrecer estos lotes a trabajadores del propio municipio o empresas, pensionados, jubilados, e ir generando la solución con el tema tierra, para completar con equipos de autoconstrucción”, detalló.

A la vez, Traverso subrayó que “no puede ser que en Junín, en el presupuesto municipal 2011, se destinarán 150.000 a viviendas, con lo cual no se construirá ni una sola. Mientras, desde Desarrollo Social estamos conteniendo el desborde social, porque de cada diez personas que atendemos, nueve concurren por problemas habitacionales”.