“El Gobierno tiene que llamarlos a negociar. Lo dijimos reiteradamente, le pedimos a la Provincia que por intermedio de Catastro, haga una nueva medición porque Tres Arroyos, tomó una parte demás de lo que compró”, reveló el abogado Luis Lemos.

“Quedará demostrado que la empresa se apropió de una porción que no le corresponde”, expresó para luego remarcar que ninguna de las partes debe excluir a la otra en el terreno de la exestancia El Quebracho.

“No es la contradicción ‘pastajeros o Tres Arroyos’, de ninguna manera. No hay que plantearlo en forma excluyente. Son concientes de que la inversión es positiva”, dijo el letrado sobre la opinión de sus representados.

Sin embargo, aclaró: “Los pastajeros también producen, también aportan, ellos también quieren pagar, ellos también son ciudadanos y tienen los mismos derechos humanos de no ser desalojados violentamente”.

Por eso, en nombre de los 20 productores que resisten en las tierras de Santa Elena, Lemos reiteró el pedido para comprar esos terrenos en las mismas condiciones que lo hizo la firma avícola hace más de siete años: “1800 pesos la hectárea a pagar en 10 años”, puntualizó.

El abogado comentó a esta Agencia que los productores esperan “una propuesta más seria”. Lo dijo en alusión a la iniciativa de la firma de emplearlos en su planta y ofrecerles el arrendamiento de tierras “sobre las que ellos no van a hacer inversiones por el momento”, había manifestado en nombre de la empresa el senador por La Paz, Aldo Ballestena.

“Queremos igualdad ante la ley”, insistió Lemos para quien "falta voluntad política" que solucione el problema.

Asimismo mencionó que el proceso judicial que se sustancia es “por desalojo, no por usurpación”. Los pastajeros, informó, ingresaron a esas tierras “por un contrato con la Provincia que después le dejó de cobrar. Entraron por medios pacíficos, no ingresaron por medios violentos, ni furtivamente, ni clandestinamente”.

Tras afirmar que los productores “van a resistir”, Lemos indicó que Tres Arroyos estaría ocupando por lo menos 400 hectáreas más de las propias.

“Son aproximadamente 1800 hectáreas las que compró la empresa pero ocupa 2200”, detalló. En tanto, si una nueva medición confirma este dato, los 20 productores “comprarían” las tierras que quedan libres.

“El Gobernador tiene la llave de la solución en la mano, que midan para ver si tienen razón y así aclaran las cosas para todo el mundo. Queremos que sea transparente”, completó.