“Eso, si, se apresuró a subrayar el funcionario, se hace preciso tomar una franja que vaya hasta los 18 años en que los menores deberán ser ajustados a un régimen especial, a los efectos de que no tengan contacto con los reos comunes, pero a su vez puedan adoptarse medidas concretas, respecto de los mismos, para garantizar que no se dañen, ni continúen perjudicando al resto de la comunidad con sus actos”.

El Ombudsman local remarcó que la temática deberá ser resuelta, necesariamente en el Congreso de la Nación, al cual la Defensoría del Pueblo de Formosa ya envió una petición al respecto, pues la única manera de bajar la edad de imputabilidad, es mediante la reforma del Código Penal, que es una Ley Nacional. Por su parte, desde el Área de Niñez, Adolescencia, Seguridad Social y Adultos Mayores de la Defensoría, consideraron que es el momento de que, quienes tienen responsabilidades inherentes a los menores las asuman, comenzando por los padres y tutores.

A su vez, consideraron que, de manera urgente, deberían establecerse penas severísimas para los que proveen de alcohol a los menores, pues las bebidas de esta clase son las drogas más baratas, punto de inicio para el posterior consumo de otras sustancias más nocivas; también debería adoptarse igual temperamento con los mayores que instigan a los menores a la comisión de delitos, encarándose un fuerte trabajo de prevención mediante la asunción de roles, de parte de padres y tutores que no comprenden que, al desentenderse de las responsabilidades que les caben respecto de sus hijos, los empujan hacia la adicción a las drogas peligrosas y la criminalidad, las cuales no encuentran su raíz en una sola causa, sino en varias. Siendo poco probable revertir la situación si no se las aborda a todas en su conjunto, con objetivos claros y metas concretas, en aras de recuperar y proteger a las personas que, por su corta edad, se hallan en una franja etaria de las más vulnerables.