Luego de que se conociera que el Ejecutivo provincial rechazó los recursos de reconsideración de exempleados de la Administración Pública en contra de los decretos Nº216 y Nº217 del año pasado, mediante los cuales el Gobierno había dispuesto revocar su incorporación a la Provincia.
Así lo manifestó el abogado Roberto Díaz, quien representa a unos treinta exagentes que decidieron interponer un recurso de reconsideración ante los decretos mencionados firmados por la gobernadora Lucía Corpacci a meses de asumir su gestión.
El letrado indicó que una vez que la Provincia los notifica del rechazo se agota la vía administrativa y los exempleados podrán llevar el reclamo a la Justicia.
Plazos
Díaz cuestionó el planteo de la Provincia para dar de baja a los exempleados, que señalaba que ninguno de ellos había cumplido con los seis meses mínimos con contratos de locación de servicio cuando el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral los pasó a planta permanente, a finales de su gestión.
En ese sentido destacó que muchos de ellos “ya venían trabajando en la administración pública provincial a través de becas o contratos de locación de obra”.
“En la anterior gestión, muchas personas tenían becas o contratos que si bien debían ser de tres o cuatro meses, se renovaban constantemente, llegando a pasar en algunos casos más de cuatro años con esta modalidad”, destacó el abogado patrocinante, al tiempo que agregó que “si la actual gestión no reconoce esto, está pasando por alto varias leyes laborales que señalan esto explícitamente”.
Díaz destacó que estos exempleados “tienen estabilidad de derecho y de hecho porque efectivamente tienen más de seis meses prestando servicios en la Provincia y se les debe reconocer su antigüedad”.
Por otra parte, Díaz cuestionó que a muchas personas que fueron dadas de baja “algunos punteros políticos les recomendaron que presenten una nota para que su caso sea analizado y puedan volver a trabajar”.
En ese caso, el abogado indicó que esos exagentes dejaron pasar los plazos legales, por lo que el decreto que los daba de baja quedó firme. “Ahora les quedaría la vía judicial para poder reclamar”, señaló.


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