No estamos ante una cuestión relacionada a la interpretación de un contrato, sino ante dos contratos distintos, es decir que uno de ellos tiene que ser falso”, sostuvo el también constitucional constituyente quien realizó la denuncia penal como vecino de Oberá para que se determine cuál de las partes fraguó el contenido del documento y se especifiquen qué delitos de acción pública se cometieron, así como quiénes resultan responsables. Ante la existencia de dos contratos de concesión paralelos y con distintas fechas de vencimiento (el de la comuna en 2012 y el de la empresa en 2022), la Fiscalía ordenó allanamientos para acceder a los originales, pero “ni la Municipalidad ni la empresa Capital del Monte los presentaron, es decir, la Justicia no los encontró hasta el momento, cuestión gravísima si se tiene en cuenta que estamos hablando de un servicio público esencial para los obereños”, remarcó Pigerl.