Empleo infantil, trabajo sin registrar y condiciones de vida infrahumanas, incluso con escasez de comida, conforman el extremo panorama en el que trabajaban 55 personas, en un desmonte ubicado a unos 80 kilometros de la localidad de Morillo, en pleno chaco salteño.
La crítica situación fue descubierta por personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que hizo una inspección en el predio.
Según lo relevado por el organismo, el niño de 12 años trabajaba en la extracción de madera y estaba imposibilitado de asistir a la escuela, ya que no hay comunicación vial ni transporte entre ese lugar y la zona urbanizada más próxima.
Además del menor, 52 de los 54 trabajadores (92 por ciento) se desempeñaban sin estar registrados y, por lo tanto, sin contar con ningún beneficio social.
Sumidos en la carencia
Los trabajadores cumplían sus tareas de desmonte con herramientas precarias, sin protección en manos ni ojos, y no contaban con ningún elemento de seguridad laboral. Sus jornadas laborales eran de más de 10 horas y el predio no contaba con elementos de primeros auxilios ni medicamentos.
Según el informe de la AFIP, los trabajadores no tenían posibilidad de regresar a sus hogares. Vivían en el monte, en chozas rudimentarias confeccionadas con plásticos y restos de ramas de los árboles. Algunos dormían en camas armadas con palos y otros directamente sobre la tierra. En el lugar no tenían agua corriente ni luz eléctrica; tampoco sanitarios de ningún tipo con lo cual los trabajadores y sus familias no podían asearse.
El desmonte se realizaba en una zona muy alejada, ya que la localidad más cercana es Coronel Solá (Morillo), a unos 80 kilómetros de distancia. Este nivel de aislamiento hacía que los obreros no pudieran regresar por sus medios a sus casas.
Al lugar llegaron llevados por el contratista del desmonte, quien cada tres días iba al predio para dejarles alimentos que, según expresaron, les resultaban escasos para las necesidades de las 71 personas que estaban en medio del desmonte.
Para más, los trabajadores mostraron una libreta donde el contratista les anotaba, sin precios, los alimentos que llevaban para luego descontarlos de sus haberes.
Los inspectores de la AFIP constataron también que desde hacía 4 y hasta 5 meses los trabajadores no cobraban sus sueldos.
Luego de la inspección efectuada en el lugar, la Administración Federal radicó una denuncia en el Juzgado Federal de Orán por explotación infantil, reducción a la servidumbre y trata de personas. Lo hizo contra los titulares del predio y contra el contratista, recayendo la presentación sobre Hernán González y la firma “El Curaca S.A.”. La AFIP estimó en $360.000 la evasión y multas a los recursos de la seguridad social.
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