La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desactivó una maniobra de defraudación fiscal por más de $ 40 millones llevada a cabo por profesionales de importantes estudios jurídicos y contables de la provincia de Córdoba.

A partir de la denuncia, el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, ordenó la realización de 25 allanamientos principalmente en las ciudades de Córdoba, Villa María, General Deheza, Almafuerte, Las Perdices, Las Bajadas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La maniobra consistía en la generación de saldos a favor inexistentes y su cómputo improcedente contra las obligaciones fiscales a pagar. Los saldos improcedentes se generan en Declaraciones Juradas rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias, en las cuales computan retenciones ficticias, ya sea porque las CUIT no se corresponden con los agentes de retención, o bien porque éstos no poseen informada la retención practicada o no poseen relación económica alguna con las firmas involucradas.

El delito que configura este tipo de estafa se denomina “Simulación Dolosa de Pago” y la Ley Penal Tributaria prevé penas de hasta 6 años de prisión.

En uno de los casos, se detectó a un contribuyente que presentó ante los inspectores un comprobante bancario falso, por el impuesto debido, ya que el pago no se encuentra registrado en los sistemas de Afip y el empleado bancario que figura en los sellos incorporados en dichos comprobantes no existe.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron importantes elementos probatorios que acreditan la maniobra investigada, tanto en soporte papel como informático.

En uno de los estudios contables allanados se tuvo acceso a un listado de contribuyentes involucrados en la maniobra con el detalle de la Clave Fiscal de cada uno de ellos, lo que permitirá profundizar la investigación. También se detectaron elementos que hacen presumir la existencia de una “usina de facturas apócrifas” y correos electrónicos mediante los cuales se «coordina» la modificación del domicilio fiscal a extraña jurisdicción para eludir los controles.

La Afip está intimando las obligaciones compensadas ilícitamente, que superan hasta el momento los $ 40 millones como así también a la aplicación de las sanciones correspondientes.