En el marco de la ley que creó el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, los titulares regionales de AFIP y de la ANSES se reunieron con la Comisión Directiva de APPADI para despejar dudas al respecto. El encuentro estuvo a cargo de los titulares regionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Virginia García y de Anses, Martín Medvedovsky.

El objetivo fue brindar asesoramiento a los efectos de que APPADi pueda regularizar los trámites pertinentes para su desenvolvimiento cotidiano en la sociedad, para cumplir con todas las obligaciones.

“Apuntamos a la reglamentación dictada recientemente sobre los talleres protegidos especiales y los talleres protegidos de producción, que son los que lleva adelante APPADi desde hace años en la provincia de Santa Cruz”, dijo García.

Además, aclaró que la normativa “está dirigida a todas las organizaciones civiles y sin fines de lucro del país. El objetivo fundamental de esta ley es promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorar el acceso al empleo y de esta manera, posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado”, finalizó.

Objetivos de la ley

Además de lo explicado por García, la norma -sancionada en noviembre de 2012 y promulgada en enero de 2013- apunta a “impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables, para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad”.

Asimismo, establece que “el régimen será administrado por la autoridad de aplicación, con los créditos presupuestarios que se contemplen en los presupuestos de la Administración Pública Nacional y, en su caso, de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en todo el territorio nacional”.

La autoridad de aplicación deberá coordinar las actividades de los organismos que intervengan para el desarrollo del presente régimen y propender a su fortalecimiento.

Contempla, además, “la participación activa de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales del país para la asistencia técnica, el financiamiento y el control, como así también la incorporación de otros organismos públicos nacionales, con la finalidad de construir una Red Federal para el Empleo Protegido”.