En estos días se ha planteado ante la sociedad argentina (ante casi todos como siempre) un debate superficial, engañoso y asimismo trascendente para la distribución del ejercicio del poder, para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y especialmente para la calidad del servicio de justicia que reciben todos los habitantes del suelo argentino.
La mediocridad y el disimulo imperante entre los principales responsables de cumplir con los objetivos comunes de nuestra sociedad (que aún no logra forjar con un país en serio), ha llegado incluso a farandulescas puestas en escena de medios de comunicación y es ya objeto de burla popular. Y también de indignación.
En pocos días también se cumplirán 160 años desde el establecimiento de nuestra Constitución, y recordando que entre sus objetivos se encuentra el de AFIANZAR LA JUSTICIA quiero señalar un aspecto que a mi criterio es fundamental dentro del acotado margen de temas que realmente se ponen en discusión con los proyectos de ley en cuestión.
Tal como se establece en el programa constitucional argentino (más allá de su correcto funcionamiento a lo largo de la historia) es la división y reparto de poder entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial el mecanismo elegido parar evitar los conocidos y sufridos abusos de poder, hegemonía política e imposición de ideas y costumbres que el propio sistema conoce y pretende evitar. No en vano nuestra Constitución regula a estos TRES PODERES en forma separada (artículos 44, 87 y 108).
Claro está que esa división de poderes no es absoluta sino que forman parte de un sistema, de pesos y contrapesos, de equilibrio entre los DIFERENTES PODERES, que se manifiestan en interrelaciones funcionales tales como el mecanismo de sanción de leyes o la designación y remoción de magistrados.
Precisamente, dentro de los proyectos de ley que en estos días se promocionan engañosamente como “democratización de la justicia” se pretende condicionar la independencia del Poder Judicial de la Nación, al quitarle atribuciones a la CORTE SUPREMA DE LA JUSTICIA, al hacer modificaciones en las mayorías para tomar decisiones en el Consejo de la Magistratura (art. 114 C .N.) y en elección popular de nuevos integrantes de este Consejo.
El partido político que gane las elecciones tendrá automáticamente una mayoría absoluta que le permita dominar el Consejo de la Magistratura y entre otras cosas nombrar y remover jueces nacionales sin mayores inconvenientes ni consensos (arts 2, 3 y 3bis Ley 24937).
De esta manera se vuelve en los hechos al sistema de nombramiento y remoción de jueces vigente antes de la reforma de la Constitución del año 1994, que toda la clase política y el voto mayoritario de los argentinos señalara como una de las causas del mal funcionamiento de la justicia argentina. La politización es uno de los males que atentan contra el objetivo de afianzar la justicia. La calidad de la justicia no debe diferenciar entre los ciudadanos, el acceso pleno a la justicia no debe hacer distinciones en cuestiones de sexo, edad, económicas, corporativas o políticas. La política partidaria debía estar lo más alejado de los jueces posible.
¿Cuál sería la independencia de un juez que deba juzgar a un funcionario público con el que compartió una campaña electoral y una boleta partidaria?
¿Debemos depositar nuestro poder sólo en seres humanos y no tener instituciones?
¿Por qué la corporación política, la más grande y más responsable de los males de la argentinidad, será la “nueva garante” de una justicia en serio?
Creo que nos encontramos frente a una nueva pelea por el poder, que muestra sus miserias, su irrefrenable voracidad, sus ansias más profundas, que se hace el disimulado y pretende engañarnos diciendo que no es para el mal de nadie sino para el bien de todos. Que pretende modificar la distribución del poder prevista en la Constitución mediante una ley reglamentaria y vulnerar a la gran mayoría de argentinos que también votamos la reforma constitucional en 1994.
Si un sector político quiere modificar el sistema de distribución del poder sería mejor que lo diga, que invite a la discusión, y que votemos. En serio.
No le digan a nuestros jubilados que para que tengamos más justicia tienen que seguir esperando. Así no.
Como no logran modificar la Constitución se avanza con cambios al otro texto que refleja cabalmente nuestra argentinidad: a partir de estas leyes la recomendación estratégica ya no será “HACETE AMIGO DEL JUEZ” sino que cambiará por “AFILIATE UN JUEZ”… pues siempre es güeno tener palenque ande ir a rascarse.
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