A diario, miles de afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sufren las penurias de las trabas burocráticas que hasta ponen en riesgo su salud. A ellos se le suma las amenazas permanentes, por parte de proveedores y prestadores, de paralizar la obra social por las abultadas deudas.

Ahora bien, al analizar los nú-meros del presupuesto del IOMA de los últimos años surge que es una de las áreas de la administración pública que más incrementó sus recursos. De hecho, en 2013, se le destinará 32% más que el año pasado ya que el presupuesto pasó de $6.139.493.000 a $8.110.357.000. El contrataste con otras áreas sensibles del Estado provincial es muy marcado ya que, por ejemplo, el presupuesto de Desarrollo Social se redujo en 4 millones de pesos.

Entonces, en momentos en que los servicios de la obra social son cada vez más precarios, el gran interrogante a plantear es: Si se le está destinando cada vez más dinero, ¿por qué no mejora la calidad de la atención? ¿Dónde van a parar estos recursos millonarios, que son aportados por los bolsillos de los empleados públicos, docentes y jubilados bonaerenses, a los que todos los meses se les descuenta el 4,8% de su sueldo que en su conjunto equivale a los más de 8 mil millones por año? Las sospechas apuntan hacia un mismo lugar: el IOMA desde hace años sería una caja negra para financiar la política.

Sólo en este contexto puede entenderse el polémico sistema de privatizaciones que está teniendo lugar en la obra social, que habría sido creado a medidas de un puñado de empresas que concentran los negocios vinculados, por ejemplo, con las prótesis.

Según pudo saber Hoy, actualmente los proveedores de prótesis, están firmando un convenio muy controvertido -cuyas autoridades lo intentaron mantener guardado bajo cuatro llaves- mediante el cual una serie de firmas y entidades intermediarias se quedan con el 6% del valor de cada implante, por tareas administrativas y de auditorías (ver aparte).

Más polémico resulta aún que estas intermediarias, que estarían ligadas a dirigentes de UPCN (gremio que tiene una banca en el directorio de la obras sociales) como así también a empresas proveedoras. De esta manera, los actores del negocio se controlan a sí mismos, mientras son dejados de lado los auditores médicos de carrera, que forman parte del staff de la obra social y que tiene a este tipo de convenios como un lugar prohibido.

En diálogo con Hoy, Idelmar Seillant, titular de la Asociación de Profesionales del IOMA, aseguró que en la obra social se están pagando sobreprecios en las prótesis de hasta 400%. Seillant impulsa una causa judicial, que tramita ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, donde se denuncia la existencia de pacientes fallecidos que, meses después de su deceso, seguían figurando como receptores de drogas oncológicas de altísimo costo, otorgadas por la obra social.

“Una parte de la sobrefacturación, estaría destinada a sostener este esquema trucho de auditorías, mediante el cual quieren blanquear la corrupción. En la denuncia vamos a incluir distintos elementos de las irregularidades que hay en el IOMA, entre ellas los negocios oscuros con las prótesis. Además, haremos una denuncia para que se llegue al fondo de la cuestión porque la corrupción está destruyendo a la obra social”, dijo Seillant.

El esquema de tercerizaciones e intermediaciones fue el mismo que provocó, en los años 90, el vaciamiento de la obra social de jubilados y pensionados (PAMI), de la mano de personajes nefastos como Víctor Alderete y Matilde Menéndez. Se trata de un modelo que sigue teniendo plena vigencia en la era kirchnerista y que, en el IOMA, está adquiriendo cada vez mayor protagonismo.

La letra de un polémico convenio

Según pudo saber Hoy, los proveedores de prótesis que quieren entrar o permanecer en el negocio del IOMA, tienen que firmar un convenio, destinado a favorecer a las intermediarias. Establece lo siguiente:

* El 2% del valor de la prótesis se debe destinar a la empresa Kotao SA para que lo aplique a la realización de las siguientes tareas: “recepcionar las solicitudes de insumos protésicos de las clínicas y sanatorios”, “evaluar la consistencia técnica y administrativa de las mismas”, “desarrollar y poner en marcha un sistema de control de la trazabilidad de los productos protésicos a ser suministrados, desde su origen hasta el momento en el que son implantados en el paciente”, y “desarrollar con soporte de sistema, la capacidad necesaria para gestionar el proceso de prefacturación de las provisiones efectuadas”, “asesorar a las entidades intermedias en todos los aspectos relacionados con el proceso de comercialización, especialmente lo relativo a: perfil de proveedores, productos, cadenas de comercialización”. Todas estas tareas podrían ser realizadas por el personal del IOMA, lo que evitaría la intermediación y la sobrefacturación. Asimismo, desde distintos sectores vinculan a esta ignota empresa, que ni siquiera tiene página web, con proveedores y prestadores de la obra social.

* Otro 2% lo retendrá la entidad encargada del pago, sobre los importes liquidados por los insumos provistos por la empresa a los establecimientos que representan, como contribución “por las tareas que deben desarrollar en la administración, recibo y control de las facturas que la empresa emitirá al Instituto y entregará en la entidad y demás actividades en el funcionamiento de la vinculación contractual”. Se trata de un beneficio que se terminan quedando las asociaciones de clínicas, como Acliba, que están constituida por los dueños de sanatorios. Por eso, se terminan controlando a sí mismos.

* El 2% con destino a ser entregado a la Empresa Prestaciones RG SA para que “lo aplique a la realización de los servicios de Auditoría interna y externa, procesamiento de la información, análisis estadístico, análisis técnico-científico, análisis de los desvíos de consumos, formulación de protocolos para la correcta utilización de elementos protésicos, y todo lo referente al cumplimiento de Normas y buen uso de los mismos, en cuanto a su consumo cuali y cuantitativo”. Esta firma pertenece a un tal Ricardo Hernán Duaygues que, llamativamente, figuraría en el listado de contibuyentes morosos de ARBA, cuando el requisitivo mínimo que debe cumplir cualquier proveedor del estado es estar al día con el fisco.