Este año, el programa “madre” de todas las iniciativas extensionistas que luego puso en práctica la unidad académica, cumple 20 años con 20 centros de atención en funcionamiento y 200 alumnos realizando prácticas, al tiempo que asisten a aquellos que no pueden contar con un abogado particular. La facultad no tenía antecedentes fuertes en cuanto a extensión universitaria. Pero la respuesta de los alumnos al programa de los consultorios gratuitos “marcó un camino”, dicen en calle 48. Así lo reconoce y explica el secretario de Extensión de Derecho, Adolfo Brook. “Hoy contamos con más de trece programas y proyectos que trabajan en distintas temáticas, como violencia de género, de niños y niñas, de migrantes, de personas con padecimientos mentales, con HIV, entre otros”, enumera y afirma que “todas estas problemáticas no hubieran sido abordadas si 20 años atrás, con los consultorios jurídicos gratuitos, la facultad no hubiera iniciado este camino”. Brook resalta que “fueron el puntapié de la extensión dentro de la unidad académica”, y recuerda que “gracias a todos los que trabajaron en este proyecto, hoy en día participan no sólo estudiantes, docentes y graduados de Derecho, sino también trabajadores sociales y psicólogos”, en una experiencia que se transformó en interdisciplinaria. De hecho, cada consultorio tienen 10 integrantes: seis de Derecho, 2 de Psicología y 2 de Trabajo Social. “RECEPTORES SOCIALES” En la secretaría de Extensión los definen como “receptores sociales de las temáticas vinculadas con la accesibilidad a la Justicia”, y, consultados sobre los temas prevalentes, comentan que “existe un alto grado de requerimiento en cuestiones de Derecho de Familia. Se advierten numerosos casos de violencia familiar y conyugal, consultas en materia de filiación, divorcio, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, guarda, reconocimiento de hijos, entre otros. Asimismo se atienden cuestiones laborales, previsionales, penales, habitacionales, e incluso problemas de alcoholismo, drogadicción y otros, que exceden la mera cuestión jurídica; ello es posible gracias al enfoque multidisciplinario que adoptó el programa, es decir, al aporte de psicólogos y trabajadores sociales”, subrayaron. Sin desviarse de las premisas básicas de “facilitar el acceso a la Justicia de sectores sociales desprotegidos” y “abarcar las dificultades que aquejan a los estudiantes avanzados y graduados recién recibidos en cuanto a la ausencia de práctica efectiva en el ejercicio profesional”, cada consultorio se fue configurando de acuerdo a las “nuevas o diferentes demandas del barrio donde está inserto”. Cada centro está integrado por un equipo de estudiantes o graduados noveles de las tres áreas -Derecho, Psicología y Trabajo Social-, y es dirigido por un abogado con experiencia en el ejercicio de la profesión. “En definitiva, el objetivo es responder a un déficit de atención claramente observable en barrios alejados del centro de la Ciudad”, remató Brook.