SAN ANTONIO OESTE (ASA)- La provincia de Río Negro recibirá más de 14 millones de Nación destinados a pagar la remediación de la escombrera de metales pesados ubicada en el acceso a esta localidad. Sin embargo, según sostiene un recurso recientemente interpuesto ante la Justicia por un técnico minero, debido a la naturaleza de los materiales de fundición, esa escoria tendría un valor comercial de unos $300 millones. Es que esos desechos constituyen un concentrado de indio, un mineral que actualmente está valuado en el mercado internacional a razón de mil dólares el kilo.

La ventaja que posee este material contenido en la escombrera es que está completamente expuesto y según lo que especula el técnico para cualquier empresa interesada en su extracción no sería oneroso removerlo.

Este planteo, que cambia la concepción de las tres pilas abandonadas por la ex fundidora Geotécnica, se hizo pública a través del prohibimus presentado a la Justicia rionegrina por Vicente Marino, un profesional dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No obstante, fue dado a conocer a las autoridades de la provincia ni bien trascendió la inclusión de la localidad en el proyecto Geamín, un programa financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el cual Nación saneará en simultáneo los pasivos ambientales de ésta y otras dos localidades del país.

"En 2005, cuándo se firmó el primer convenio de remediación entre Nación y provincia, iniciamos un trabajo en el que detectamos la alta concentración de indio. Esto lo dimos a conocer a la dirección de Minería provincial y a la Secretaría de Ciencia y Técnica en 2006, para dejar en claro que la escoria no era tal y que el Estado no tenía porqué asumir una deuda de cuatro millones de dólares para dejar enterrada una suma mucho más grande de un valioso componente. El punto es que si se licitaba la explotación de la presunta escombrera, haciendo constar que en realidad es un concentrado de indio, se podría anexar en el pliego que la misma firma ganadora de la licitación estaría obligada a sanear luego cualquier impacto ambiental existente, y todos contentos" manifestó Marino.

Ese informe que se entregó a las autoridades no tuvo ninguna respuesta de los organismos provinciales que lo recibieron.

"Lo que sí pasó es que luego de lo firmado en 2005 nada de lo iba a iniciarse mediante el convenio se puso en marcha, y recién en septiembre de 2009 se celebró en Buenos Aires un nuevo convenio entre el gobierno nacional y la provincia de Río Negro, acordando la puesta en marcha del programa que incluye la remediación" apuntó Marino.

"¿Qué pasó en esos cinco años con la valiosa información recibida? Eso es lo que desconozco y quiero aclarar, porque nada se sabe de los textos de los convenios firmados tanto en 2005 como en 2009 y tenemos con mi abogado sobradas pruebas para demostrar el uso indebido de los datos que aportamos, ya que los funcionarios pueden no haber empleado el informe, generando un perjuicio comercial para la provincia y un gasto indebido. O, lo que es peor, la información pudo ser empleada para generar un millonario negocio poniendo como pantalla la salud de la población", expresó el técnico.