Asimismo, afirmó que “hay contratos que se firmaron en los años ’90, con filosofías de esa época, pro empresas y en detrimento del Estado”. En tanto, Torres aseveró que aún deben negociar, pero cuestionó que los empresarios crean que se tratan de discusiones paritarias. “Es el Estado el que pone las reglas, o acompañan el desarrollo o les rescindimos el contrato”, enfatizó en referencia al Casino de Iguazú y a Casinos del Moconá, las dos firmas que por estas horas están cuestionadas. Asimismo, el presidente del IPLyC adelantó que las próximas licitaciones serán por pueblo y no por región como ocurre actualmente, “de esta manera, el Estado recaudará más”. En esa misma línea, consideró que la actitud del grupo de empresas que tienen la explotación del juego “es contraria a las necesidades de la provincia”, y cuestionó que el canon que tributan, de un millón de pesos mensuales en el caso del Casino de Iguazú, es escaso en relación con sus ganancias.