En el caso de Salta, explicaron la situación particular que implicó el embargo de fondos que eran destinados al relevamiento de los territorios indígenas y que fueron embargados en el marco de una causa judicial abierta tras un accidente que dejó a un chico en estado vegetativo.

Ante de ello, distintos referentes de las comunidades habían presentado "una serie de irregularidades y reclamos por parte de comunidades y organizaciones de los distintos pueblos indígenas, los cuales no fueron atendidos por las autoridades", de la Nación. Mientras, agregaron, también "se produjeron además distintos intentos de desalojo pese a la vigencia de la ley".

Recordaron que las comunidades Wichi de El Traslado, El Escrito y Zopota ante la Justicia Federal por los atropellos generados tras las constantes aprobaciones para realizar desmontes en 2007, cuando se desmontaron alrededor de 10 mil hectáreas. Esto "provocó un acorralamiento de las comunidades, situación que persiste y afecta su acceso a los recursos y a fuentes de agua, base para la subsistencia".

Sumaron que desde el inicio del juicio "se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras". Ello en busca de "hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, produciendo la criminalización de los líderes comunitarios".

En septiembre de 2010, indicaron que la Comunidad Ava Guaraní Tape

Iguapegui (del Departamento San Martín) denunció que la empresa privada Reforestadora Nacional de Argentina, realizaba picada a solo 100 metros de las casas. Otro ejemplo fue el accionar de la Justicia contra la Comunidad Diaguita de Las Pailas que en diciembre pasado, sufrieron un violento desalojo contra cinco familias ordenado por la jueza Mónica Faber.

"Esta disposición judicial se dictó en franca violación a la Ley objeto del presente informe. Como agravante de su desatino la propia jueza indicó a la comunidad diaguita de Las Pailas que no la reconocería como parte en el juicio de desalojo por no contar con personería jurídica".