En la jornada de ayer cobraron estado público las declaraciones del Concejal del Frente de Todos de Tandil, Rogelio Iparraguirre, que dan cuenta de un reparto arbitrario en algunas vacunas en la ciudad serrana.

Los hechos acontecidos en nuestra ciudad respecto del modo arbitrario e irregular en que las autoridades municipales administraron las vacunas recibidas por la Provincia de Buenos Aires salteándose toda la norma y cometiendo todos los errores posibles son tan contundentes que uno creería que no hace ninguna falta aclarar nada. Pero como ocurre siempre que cuando hasta lo más obvio sacude alguna estructura de poder, se activan todos los anticuerpos para proteger esa estructura. Desde el silencio a la tergiversación, desde la mentira a la doble vara. Entonces, se hace necesario aclarar lo obvio y poner blanco sobre negro. Acá vamos.

1) Ni Patricia Rizzardi (mujer del referente municipal de la campaña de vacunación contra el COVID-19) Ni Roberto Pérez (chofer del Intendente Lunghi) pertenecen a ninguno de los universos claramente definidos como "población objetivo". No son personal de salud, ni docentes, ni policías, ni bomberos, ni mayores de 60, ni menores de 60 con comorbilidades preexistentes. De hecho esto consta en sus propios certificados de inscripción. A confesión de parte relevo de prueba.

2) Ambos se vacunaron sin turno; es decir burlando el sistema de registro implementado por la Provincia de Buenos Aires y vigente en todos los puntos de vacunación contra el COVID-19. Se burló el sistema para vacunar a personas que de otro modo no podrían haber obtenido turno. Esto, además de ser grave en sí, implicó que cuando las personas pertenecientes al universo "personal de salud" fueran a vacunarse al hospital el día y hora en que tenían el turno asignado, se encontraran con que esas dosis ya no estaban disponibles. Le robaron la vacuna a personas esenciales del sistema de salud.

3) En los registros de aplicación de las dosis de ambas personas consta que fueron vacunados como "Personal Salud-UCI". Esto es, que no solo fueron vacunados como personal de slaud sino que fueron registrados como personal de Terapia Intensiva (el propio comunicado del municipio así lo reconoce).

4) Inventan una categoría que NO EXISTE en el sistema diciendo que ambos son "enlaces" con el sistema de salud. Esto, además de no existir entre las poblaciones priorizadas y definidas como "población objetivo", alimenta la falta de transparencia dado que habilita una total y absoluta discrecionalidad. Deberíamos preguntarnos entonces: Con ese criterio inventado de "enlace", acaso Luciano Grasso, presidente de la Comisión de Salud del HCD, no debería estar vacunado también?, o Pablo Civallieri o Alejandra Marcieri, responsables de Desarrollo Social y con permanente contacto con el sistema de salud, o el propio Jefe de Gabinete? Lo mismo cabría para los trabajadores de las empresas que llevan insumos hospitalarios o porqué no a los propios familiares de los pacientes que se encuentran internados por distintas patologías o cada una de las personas que asisten a atenderse con patologías crónicas asiduamente al hospital. Como se ve, la categoría "enlace" no sólo no existe sino que es absolutamente discrecional y se cae por su propio peso.

5) El Dr. Díaz Cisneros aduce que a su señora le dió la dosis porque tenía un "remanente" que se obtiene con el residuo de cuatro/cinco frascos multidosis. Además de ofender la inteligencia de cualquiera, es absolutamente falso. En primer lugar porque el Municipio no registró el uso de remanentes desde que comenzó la campaña de vacunación (este registro también está en el sistema) con lo cual sería absolutamente imposible. Pero además, alguien puede con un mínimo de honestidad intelectual creer que cuando se produjo un "remanente", la única persona que había a mano era ni más ni menos que la esposa del responsable de la campaña de vacunación en el plano municipal?. En los lugares donde sí utilizan los "remanentes" no sólo se registran sino que se aplican a personas con turno otorgado por el sistema y por ende pertenecientes a la "población objetivo".

Cada uno de estos puntos corresponde a DATOS no a opinión, corresponden todos y cada uno a la información cargada en el sistema y en los registros correspondientes.

Ahora bien, la única discusión posible entonces no es ya sobre si estuvo bien hecho o no sino sobre cuál debe ser el accionar del Intendente Lunghi ante algo tan escandaloso y contundente. No caben dudas, lo que el Intendente debió haber hecho hace ya tres días atrás es apartar de sus funciones a Roberto Perez, Patricia Rizzardi y al Dr. Pablo Díaz Cisneros. Por lo mismo el presidente de la Nación despidió ni más ni menos que al Ministro de Salud de la Nación en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque estamos atravesando la peor crisis sanitaria en la historia contemporánea de la humanidad. Porque el mundo entero atravesó un año de pesadilla conteniendo el aliento por la llegada de una vacuna contra el Coronavirus. Porque una vez que las vacunas fueron apareciendo y autorizándose, la confianza de la población en torno a las mismas y al modo de administrarlas se convirtió en la prioridad número uno. Porque cualquier irregularidad que involucre a funcionarios públicos atenta contra esa prioridad, lesiona la confianza de la sociedad frente a la campaña de inmunización más importante de la historia.

Acá no puede haber grieta posible, esto no es River/Boca ni radicales/peronistas; esto es la salud y la vida de nuestros vecinos y vecinas y el desafío inédito de llevar con éxito esta campaña histórica que es la única cura contra el coronavirus.