Derechos y deuda provincialLa Mesa local en Defensa del Instituto de Previsión Social bonaerense alertó sobre el perjuicio que ocasionaría a jubilados y aportantes, la reciente decisión del Gobernador Scioli de utilizar los excedentes del organismo de $ 1.600.000.000 para rentas generales.
Estado de alerta
El 23 de diciembre pasado se sancionó el presupuesto bonaerense para este año con fondos previsionales. De los 56.000 millones pautados (casi un 18% más que 2008) se incluyeron los excedentes del IPS y la Caja de jubilaciones de la Policía. El proyecto fue aprobado con el apoyo del Frente para la Victoria, PJ, PRO, Movimiento Celeste y Blanco, Concertación Plural y Recrear. Se opusieron: Coalición Cívica, UCR y bloque Libres del Sur.
Los opositores hablaron de "malversación de fondos" y remarcaron que es la primera vez que se incorporan a los gastos de la administración central de la Provincia sumas provenientes de los regímenes de seguridad social, que están amparadas por la Constitución provincial que en su artículo 40 establece su "autonomía económica y financiera".
Diversos sindicatos, como ATE, judiciales y el Frente Gremial Docente, decidieron la semana pasada permanecer en estado de alerta y movilización ante el anuncio de Scioli que autoriza al Tesoro Provincial a endeudarse en 1.600 millones de pesos con el Instituto de Previsión Social, mediante la emisión de una letra que dispone del superávit del mismo.
Rechazo
La Mesa local de defensa del IPS manifestó días atrás: "Seguramente se nos dirá que el Tesoro Nacional cubrirá el déficit del sistema pero recordemos que eso implica la aplicación del Convenio 400 firmado por Kirchner y Solá en 2004 que preveía la cobertura del déficit previsional de la provincia con fondos nacionales, condicionando dichos aportes a la armonización de los requisitos jubilatorios con el régimen nacional (ANSES). El referido convenio llevará indefectiblemente a la pérdida de: la movilidad automática de los haberes de los jubilados ante el aumento de los salarios de los activos, aumento de la edad jubilatoria, pérdida de pensión para los menores a partir de los 18 años (actualmente de 25 años) impidiendo la cobertura de estudios y salud ante el fallecimiento del jubilado titular y desfinanciamiento de IOMA"
"Desde su formación esta Mesa ha rechazado enfáticamente la utilización de los fondos de los trabajadores para gastos ajenos a los haberes previsionales, reafirmando en el tiempo que la lucha iniciada es, fue y será justa", concluyó.
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