Lo dijo el PSOE. Es por la restricción a la interrupción del embarazo que aprobó el Gobierno.
En un acto organizado por el PSOE, se puso en marcha la movilización para parar la iniciativa conservadora, la peor legislación contra los derechos de las mujeres en la historia de la democracia.
Elena Valenciano, subsecretaria general socialista, dijo que “esta no es una ley contra el aborto sino contra las mujeres.
Hay que hacer que paguen por ello. Quieren cambiar un derecho fundamental para las mujeres por un delito. Esta es una ley innecesaria, hipócrita y restrictiva que supone retroceder cuanto se había avanzado y nos saca de Europa”, añadió Valenciano.
En una conferencia de prensa, tres de las principales dirigentes del PSOE criticaron la propuesta conservadora. Se refirieron a dos de las principales consignas feministas: “El aborto es cosa suya” y “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Valenciano aseguró que el anteproyecto del PP, que será tratado ahora por el Parlamento de amplia mayoría oficialista, “acaba con el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida.
Con el PP nosotras parimos pero no decidimos ”.
La ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, sostuvo que la ley “es innecesaria, la actual de 2010 está funcionando bien y lo único que traerá será retroceso. No queremos retroceder como ya lo hemos hecho en otros campos. En estos dos últimos años se han perdido derechos ya consolidados. Cuando todos los países aprueban legislaciones más avanzadas, en España damos marcha atrás”. Añadió que, según la Organización Mundial de la Salud, mueren 47.000 mujeres por abortos inseguros. “No queremos que las españolas incrementen estos datos en el futuro, que acudan a la clandestinidad, por culpa de esta norma restrictiva”, dijo.
El anteproyecto debe contar con la aprobación del Parlamento pero ahí el PP tiene mayoría absoluta. La norma deja sin efecto los logros de la ley aprobada por el socialismo en 2010. La interrupción libre del embarazo pasaba a ser un derecho inalienable de la mujer desde los 16 años sin necesidad de alegar causa. La “nueva ley de protección al concebido”, como se llama, abroga esta conquista que fue saludada por las feministas de todo el mundo, y vuelve a convertir el aborto en un delito regulado. Existen sólo dos supuestos, muy restringidos en su aplicación, que permiten la interrupción: el peligro para la salud de la madre y la violación.
Se elimina el supuesto de la malformación del feto y se obliga a las menores de edad a contar con el permiso de sus padres. También se aumentan los requisitos de informes e intervenciones de médicos especialistas.
El gobierno no ha tenido para nada en cuenta, denuncian las feministas, la guía para “abortos seguros” de la OMS. Allí se indica que “el aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna. Casi todas las muertes en estas circunstancias ocurren en países donde el aborto está prohibido por la ley. Cada año, cerca de 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro”.
“Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos”, dice el texto para destacar “el vínculo inextricable entre la salud de la mujer y los derechos humanos y la necesidad de leyes y políticas que los promuevan y protejan”.
En el informe se constata que España ha retrocedido de la vanguardia en favor de las mujeres sobre el aborto a ubicarse entre los países más autoritarios y restrictivos. “Desde 1985, más de 36 países liberalizaron sus leyes relacionadas con el aborto. Sólo unos pocos países han impuesto más restricciones. Existen 57 naciones que representan casi 40% de las mujeres del mundo, donde se permite el aborto a solicitud de la mujer embarazada. Existen cada vez más pruebas de que, en los lugares donde el aborto es legal, la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el aborto son reducidos”.
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