El 30 de mayo de 1930, una gran organización judía que reclutaba mujeres con fines de explotación sexual, la Zwi Migdal, caía en Argentina. Sus socios fueron encarcelados, y el gobierno de José Félix Uriburu se quedó con los lauros de haber desbaratado a la más grande de las redes de tratantes de mujeres. Las judías eran traídas de los países pobres de Europa del Este, para salir de la pobreza extrema en la que vivían. Casi todas eran menores de edad, que ingresaban con identidades adulteradas, y con la connivencia de la policía migratoria. Una vez en Argentina, eran recluidas en prostíbulos, en los que trabajan sin descanso. Se les retenían su documentos y se les cobraba el costo del traslado, la ropa, y la comida. La historia era siempre la misma: las mujeres quedaban entrampadas en una deuda que nunca terminaban de pagar. Era el círculo perverso de la trata: las víctimas eran, además, deudoras del tratante, por lo que el yugo que las unía a él no tenía fin.

Hoy, después de ocho décadas, sorprendente y lamentablemente, el mecanismo es el mismo y la historia se repite. Esta vez, no son europeas del Este a las que se explota en Argentina, sino chicas y campesinos bolivianos, a quienes se les cobra por ser transportados hasta Mendoza, donde venden la fuerza de su trabajo a bajísimo costo. No se pueden quejar, porque su labor es en negro y raramente tienen documentos. No pueden ser censados, porque son nómades. No ingresan en ningún programa preventivo, porque no son argentinos. Son invisibles, sus problemas se diluyen una vez que pasan la frontera.

Sin embargo, existen. Y hay quienes, como Eli Núñez, la psicóloga que integra el área de niñez de la Municipalidad de San Carlos y trabajó en el rescate de la niña boliviana Sonia Cruz Paco (13), les dan entidad. "La trata de personas en el campo es frecuente, más en donde existe una cantidad de extranjeros en carácter de trabajadores golondrinas, como sucede en Capiz", sostiene la profesional, avezada en el trato de los conflictos de las poblaciones migrantes. Eli contó cuáles son los procedimientos comunes entre los trabajadores campesinos que implican la trata de personas, pero que se encuentran tan naturalizados que nadie se hace cargo de solucionar.

CADA VEZ MÁS CHICAS. Núñez es de San Carlos, siempre vivió en este departamento, sólo abandonó su pueblo para estudiar en Mendoza, y luego volvió a trabajar allí. Por lo tanto, conoce a la gente, ha vivido de cerca los cambios poblacionales. Por esto, es una voz autorizada cuando asegura que las chicas que son traídas a trabajar cada vez son más pequeñas. "Antes, venían a los 16 o 18 años, ahora, vienen a los 11, 12, 13 años desde Bolivia". Eli cuenta que las separan de sus familias, y las trae alguien que se dice ser pariente. "Nunca se comprueba si en verdad lo es, porque es común que no tengan papeles o que los documentos que traen no sean válidos".

Recuerda un caso particular de una adolescente de 13 años, embarazada, que se descompuso en la ruta. Fue llevada hacia el hospital de Eugenio Bustos, y allí se dieron cuenta de que había ingresado con documentos falsos, en los que decía que tenía 21 años. La chica llevaba cinco meses de gestación. Cuando ocurrió esto, saltó a la luz la falsificación de su documentación. Antes de poder darle remedio a la situación, la chica desapareció del hospital y no volvieron a saber de ella.

Las soluciones que se pueden dar son escasísimas y los problemas, muchos. San Carlos tiene 80% de población rural y es uno de los departamentos que menos dinero recibe por coparticipación, ya que apenas tiene una población estable de

33.000 habitantes. Los políticas compensatorias y los programas preventivos no son de fácil aplicación, y menos en una población en constante movimiento.

Pero, que los casos de trata de mujeres existen es innegable. La psicóloga destacó que el de Sonia salió a la luz porque la niña es muy fuerte y luchó por ser liberada. "Pero no es el único caso, sólo es el más resonante", sostuvo.

EL MECANISMO. La trata de personas no ocurre únicamente con las niñas, según contó la profesional. En la zona rural es común hallar grupos de más de diez personas de 15 o 16 años, en los que no hay adultos responsables. Estos cosechan hasta 3 hectáreas de zanahorias por día, por ejemplo. Se denominan cuadrillas, y es el cuadrillero el que hace la relación de dependencia con la empresa dueña de la tierra. Es también el que cobra.

La psicóloga explicó que es cotidiano ver a estos jóvenes viviendo en casitas de tablas de un metro y medio por un metro y medio y teniendo que pagar una deuda que el tratante cobra por traerlos a trabajar a Argentina. En general, a los bolivianos les cuesta 1.500 pesos el traslado de ellos y de sus familias, monto que deben devolver con el fruto de su trabajo. El inconveniente es detectarlos, porque su estadía puede durar una semana, 15 días, o un mes. Después migran hacia otras provincias, y nadie se hace cargo de ponerle fin a esta situación de explotación.

33 MIL HABITANTES, DOS CASINOS. Eli contó que los departamentos del Valle de Uco son lugares estratégicos para que se produzcan estos casos. Se refirió en particular a San Carlos, que está atravesado por una ruta nacional: la 40. "Te podés escapar perfectamente por esta ruta, la posibilidad de irte es muy rápida, en 15 minutos estás en otra provincia", destacó la psicóloga. Ella ha visto los cambios en la población rural determinantes que se han vivido en los últimos años.

El campo, que antes era de los pobladores, ahora ha sido "casi colonizado" por empresas extranjeras, con un sistema de mercado que no nos es propio, las firmas transnacionales buscan productividad, y eso, muchas veces, es a costa de duplicar el ritmo de trabajo pero sin equiparar los sueldos.

"Antes, acá se dormía la siesta, ahora, eso ya ni se piensa. La gente debe adaptarse a este nuevo sistema", destacó la profesional. Con la modernización del campo, también se sumaron nuevos vicios que no existían, como el juego. Antes, ni en las obras del realismo mágico de Gabriel García Márquez podría haberse soñado un pueblo de 33 mil habitantes y dos casinos. Pues, San Carlos lo es: un casino en la Ciudad y otro en Eugenio Bustos. El cambio cultural es muy grande. El trabajo social se hace arduo para el equipo de trabajo del que Eli forma parte: cinco en total. Ellos no quieren dejar el pueblo y siguen trabajando y soñando con que las cosas mejoren para todos.