En marzo de 2014, hace un año, la Defensoría del Pueblo recibió un informe de la Secretaría de Planeamiento que señalaba ya que “este inmueble, por su estado de abandono y por estar ocupado por personas desconocidas genera un potencial riesgo para la seguridad pública así como para cualquier persona que ingrese en el mismo, no pudiendo asegurarse si existe peligro de derrumbe”.

Entre las falencias se destacaba en la ocasión la existencia de balcones sin barandas de seguridad sobre el frente, mampostería sin revocar con faltantes de carpinterías, etc.

“El mal estado general del edificio sin terminar y las condiciones mencionadas generan potencial riesgo a la seguridad por la posible caída de objetos y desprendimiento de materiales sobre la vía pública y linderos”, expresaron.

En abril de 2014 se informaba que la obra se encontraba paralizada, ocupada por personas que la habitan sin contar con condiciones sanitarias, de salubridad y seguridad necesarias. La situación persiste al presente.

“Además de los informes técnicos sobre seguridad a Obras Privadas y empresas de servicios, pedimos informe a la Secretaría de Desarrollo Social para que realice un relevamiento de la población que reside en el lugar, a fin de tener información en caso de que haya que evacuar la construcción”, señalaron desde la Defensoría.

Por tanto la Defensoría del Pueblo expresa gran preocupación por la seguridad de las familias que allí habitan, cuya vida e integridad física corren riesgos, como corre riesgo la seguridad de los transeúntes y vecinos, ante la posibilidad de desprendimientos o derrumbes cuya potencialidad no fue descartada.