El párrafo destinado a la Argentina, textualmente, indica: "El Poder Ejecutivo envió al Congreso el 27 de agosto un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha despertado encendidas discusiones políticas tanto por su contenido, que introduciría cláusulas contrarias a la libertad de prensa, así como por el apresuramiento de que la legislación sea tratada antes del 10 de diciembre, fecha en que cambiará la composición parlamentaria, quedando por entonces el oficialismo en desventaja".

Y agrega: "Si bien existe consenso de que se necesita una nueva ley para regular temas de concentración de medios y buscar mayor pluralidad y diversidad, la queja radica en que el Gobierno de Cristina Kirchner la estaría utilizando para castigar a medios independientes que considera "opositores".

La SIP tiene previsto discutir y evaluar casos graves de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de comunicación en dos eventos que se realizarán en Caracas y Buenos Aires, en relación a denuncias que recibió desde varios países en torno a atentados, amenazas y limitaciones legales contra la prensa".

Su presidente, Enrique Santos Calderón, apuntó que "estamos sumamente preocupados por el creciente nivel de hostigamiento y violencia que se ha registrado en varios países" y dijo que se daña un sistema que "requiere una prensa libre y sin ataduras