Así lo confirmó la jueza que lleva adelante la quiebra, María Inés Videla, del Sép­timo Juzgado Civil. El informe es el paso previo al pago de las liquidaciones de los em­pleados despedidos, que vienen reclamando su liquidación. La magistrada estimó que podría estar terminado a fin de mes, pero no garantizó que los pagos se hagan antes de fin de año.

“Los síndicos tienen bastante avanzado el documento, de hecho vienen todas las tar­des a trabajar al juzgado”, sostuvo la jueza en declaraciones a Canal 11. Videla estimó que entre el 22 y el 25 de noviembre podría estar terminado, pero para aprobarse deben darse plazos formales en los cuales pueden presentarse impugnaciones que demoren el proceso.

Ese informe es el que definirá qué porcentaje de lo re­cau­dado en el proceso de li­quidación es el que se distribuye entre cada uno de los casi 600 ex empleados que re­claman el pago de la in­demnización.

“Los trabajadores ya saben qué es lo que está reconocido y no hubo apelación al respecto. Pero para saber qué porcentaje va a cobrar cada uno necesitamos el informe final de distribución, que incluye las reservas de otros créditos cuyos reclamos aún no se han definido”, explicó la jueza.

Los ex empleados reclamaron celeridad en el proceso. La semana pasada dijeron que se les había dado como fecha de pago diciembre próximo, pero  Videla se encargó de aclarar que eso no es seguro.

El proceso de quiebra de la Asociación de Obras Sociales fue llevado por el juez Arturo Varas hasta que presentó su renuncia. Los dos bienes más importantes de esa institución: el ex sanatorio Rawson y el Almirante Brown, ya fueron liquidados y cobrados. Como ya no hay más bienes que vender, los síndicos y la jueza deben determinar cómo se distribuyen los fondos para pagar las deudas que dejó la institución. Los empleados son acreedores privilegiados.