El mismo día en el que el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, confirmó los financiamientos de obra de la Nación en Mendoza y desestimó eventuales recortes por ajustes ante los próximos pagos de la Casa Rosada a los fondos buitres en Nueva York, el gobernador Francisco Pérez procedió a adjudicar por decreto la construcción de la Villa Olímpica junto al Estadio Mundialista.

Se trata de una obra con costos actualizados por 400 millones de pesos que ocupa el centro de la polémica entre el oficialismo que la impulsa y la oposición radical que la considera una obra no prioritaria ante la actual situación de las finanzas públicas.

Todo ocurre unas pocas horas antes de que esta mañana el Gobierno y la UCR lleven a cabo su último "round" en la Suprema Corte de Justicia por la definición de la viabilidad o no de la modificación de la ley de contabilidad aprobada por el gobierno.

Todo luego de la "reunión definitiva" de ayer por la tarde (ver aparte) en torno al endeudamiento 2014 que el oficialismo propicia y el mayor partido de oposición rechaza.

La UCR considera que la proyección a fin de año del actual nivel de recursos hace "innecesario" tomar deuda, mientras que el Gobierno prevé una marcha descendente de estos ingresos que harán "necesario" el financiamiento hacia fin de año.

Lo cierto es que el martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo adjudicó la construcción de la Villa Olímpica a la UTE de Ceosa y Procón porque su oferta por 319 millones de pesos se mantuvo por debajo del presupuesto actualizado de la obra y porque redujo de dieciocho a dieciséis meses el plazo de entrega.

Esto permite soñar al Ejecutivo con una posible habilitación precisamente en el electoral mes de octubre de 2015. El radicalismo rechaza lisa y llanamente la oportunidad de esta construcción.

"Un día dicen que tienen problemas para pagar sueldos y al otro adjudican una obra que no es prioritaria", afirma el titular de la UCR, Sergio Pinto.

La UCR denunció en la Fiscalía de Estado la falta de una evaluación de impacto ambiental para el emprendimiento proyectado (el gobierno responde que lo hará antes de iniciar la obra) y una violación a la normativa que declara al Parque general San Martín como "área ambiental urbana protegida".

Mientras, el diputado cornejista, Tadeo García Zalazar, ha considerado a la Villa Olímpica como "un capricho" de Pérez y el presidente del bloque radical en la Cámara baja, Néstor Parés, propone destinar "a la seguridad en el Parque" los montos previstos para la obra.

Adjudicación

El decreto del Ejecutivo desestimó las ofertas de las UTE integrada por Cartellone y Petersen, Thiele y Cruz (405 millones de pesos); por Genco, Obras Civiles Andinas y RiecSA (396 millones) y por la de la UTE conformada por OHA Construcciones, Laugero por encontrarse todas "por encima" del presupuesto oficial revisado y actualizado y por falta de cumplimiento de cláusulas del pliego.

Ceosa y Procón ofrecieron siete variantes de inversión en las que propusieron distintas reducciones de los plazos de obra (de 18 a 16 meses) y diferentes porcentajes de requerimiento del anticipo financiero (que oscilan entre el 15 y el 25 por ciento del costo del trabajo).

También ofertó distintas variantes de construcción y de uso de materiales para la realización del techo del estadio. Finalmente el Ejecutivo aprobó la variante "siete" que ofreció hacer la obra en 16 meses y reclamó un anticipo financiero del 25% (unos 100 millones de pesos).

El decreto considera que "la variante siete resulta aceptable tanto desde el punto de vista económico como técnico" aunque agrega un condicionamiento: "En tanto la Administración tenga la disponibilidad para el adelanto financiero".

La norma destaca que "la evolución del procedimiento de selección ha venido de la mano de la incidencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ha incorporado principios de carácter supralegal y supranacional obligatorios" tendientes a "un resultado material equitativo, justo y eficiente".

Confirman financiamiento

El ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, ratificó que “todos los financiamientos, incluido el del BID, siguen de pie”.

Tras mantener reuniones en Infraestructura y en Vialidad nacional confirmó que el esquema general de financiamiento y los desembolsos comprometidos por la Nación no peligran por eventuales pagos a los fondos buitres.

“Esto significa que se sigue adelante con la tercera vía del Acceso Sur, con la doble vía a Tunuyán, con el plan de viviendas que nunca corrió riesgo, con la ruta entre Potrerillos y Cacheuta y con las obras contra las aguas claras en San Rafael” dijo Baldasso.

Incluyó a las obras provinciales del Metrotranvía hasta Panquehua y las mejoras en hospitales.