Aunque con esta promoción el fiscal no cerró su acusación, hecho que dejó en claro en dos de sus consideraciones, el caso ya comienza a tomar forma en la justicia penal.

En su planteo, Barrionuevo explica que las actuaciones se inician a partir de una denuncia de Carlos Romano, María Córdoba, Carlos Sosa, Francisco Córdoba, René Enriquez, Andrea Romano, Víctor Sosa, Osvaldo Sosa y Alfredo Leonardi, quienes solicitan que se investigue a Luis Alberto Díaz, José Gregorio Palma, Jorge Ramón Díaz, Sebastián Federico Díaz, Félix Osvaldo David, Julio Arnaldo Ríos, Daniel Omar y Néstor Maldonado, el intendente de El Quebrachal, Leonardo García y los diputados Pedro Sandez y Santiago Godoy.

Concretamente, los denunciantes afirman que en noviembre del año 2007 el gobierno de Juan Carlos Romero, impulsó la regularización territorial de las tierras del Tolloche, en el departamento de Anta, para lo cual y basado en la ley 6.570 (que impulsa la posesión de aquellos habitantes nativos en tierras fiscales) se puso a la venta la propiedad a un precio promocional de 50 mil pesos, dinero que incluso no debía ser abonado al instantes, sino por medio de crédito hipotecario.

Los denunciantes sostienen que los legisladores, a través de intermediarios, los engañaron diciéndoles que el gobierno los desalojaría con Gendarmería o que judicialmente no había posibilidades, pero que habían logrado que se les pague una suma de dinero (entre 20 y 40 mil pesos), aunque para acceder debían renunciar a cualquier tipo de reclamo posterior. Lo que hicieron. Posteriormente, las tierras con el precio promocional y la forma de pago antes mencionada fueron entregadas a los ocho acusados, pero con la prohibición de venderlas o arrendarlas por un término de diez años.

Sández y Godoy

Los denunciantes sostienen que en este operación la presunta actuación de Sandez, Godoy y García fueron claves, pues éstos habría hecho uso de tráfico de influencias para poner a los adjudicatarios que ellos eligieron, los que luego le dieron el broche final a la maniobra al vender las 3000 hectáreas por sumas que llegaron, en algunos casos, a los 180 mil pesos.

El fiscal Barrionuevo en su promoción estableció que conforme a lo denunciado el 14 de noviembre de 2007, Romero suscribió el decreto 3116/7 mediante el cual, y en base a antecedentes acreditados por el Ministerio de la Producción y el Programa de Tierras Fiscales, dio por válido que los ocho propietarios denunciados cumplían con las exigencias de ley y por ende se les adjudicó las tierras de Tolloche por un valor promocional.

"De lo denunciado, se desprende que esas personas carecen de lo requisitos necesarios básicos y de haber tenido por acreditada la posesión material en forma pacífica, pública, actual y continua en el tiempo como dice falsamente el decreto", sostiene el fiscal.

"Surge también claro que dicha inserción implicó desprendimiento patrimonial, puesto que en virtud de las falsas condiciones referidas y la normativa legal vigente, la Provincia se desprendió de tierras a un valor inferior al de plaza, en atención al fin social que la Ley 6.570", agregó el fiscal.

Barrionuevo dijo que ·este precio promocional implicó a la provincia dejar de percibir las sumas que efectivamente valían los inmuebles transferidos y les permitió a los adjudicatarios, en plazo de meses hacerse de una importante diferencia económica, cuando en breve lapso de tiempo vendieron los inmuebles, pese a la prohibición expresa, a un precio altamente superior al que se habían comprometidos abonar a la provincia".

"La maniobra estafatoria -agregó el fiscal- entonces implicó hacerse de tierras a un precio promocional, sin estar en condiciones de hacerlo, para luego lucrar con ellas, conforme se verificó en la venta producida unos pocos meses después de la adquisición".

El fiscal menciona a los ocho adjudicatarios como a los responsables del trámite en el ministerio de Camacho, "pues es allí donde existió poder de decisión para la maniobra; ello sin perjuicio de que la investigación permita ampliar los hechos, así como puedan surgir elementos que permitan incluir a otros partícipes o responsables".