Acusan a dos policías de pedir $ 30.000 para liberar detenidos

Dos autoridades de la Unidad Regional Este (URE) están siendo cuestionadas por la investigación de un robo cometido el 31 de diciembre pasado en una estación de servicio de Bella Vista.

En el marco de esta pesquisa, el martes 14 de este mes la Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el pasaje Lautaro al 2.300, por instrucción de la Justicia.

En ese procedimiento los uniformados secuestraron dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra calibre 40, que se habrían utilizado durante el asalto. Además, aprehendieron a dos sospechosos y secuestraron un Chevrolet Corsa color beige que sería el auto que usaron para escapar los cuatro asaltantes que dieron el golpe en la estación de Roberto Lobo.

El caso parecía comenzar a esclarecerse, pero el abogado Gustavo Morales, que patrocina a la familia de los imputados, denunció ante el Ministerio de Seguridad y ante la Justicia a dos de los oficiales que participaron en el procedimiento.

“Presenté dos denuncias, una contra el comisario Luis Pereyra, que es jefe en la regional Este; y otra contra el oficial principal Rodolfo Campero, que es jefe de la Brigada de Investigaciones de esa regional”, puntualizó Morales.

De acuerdo con las presentaciones realizadas por Morales, ambos funcionarios públicos habrían incurrido en los delitos de cohecho en grado de tentativa y de extorsión.

Estas acusaciones surgen del testimonio de los familiares de los imputados que, según dijeron, fueron amenazados por los uniformados para “arreglar” la liberación de sus familiares. “El comisario Pereyra me mandó a decir con mi ex esposa que lo llamara para que pudiéramos hablar y negociar la liberación de mis cuñados”, aseguró Walter Lobos, que estaba casado con Claudia Noemí Tagles, hermana de los acusados.

Según la versión de Lobos, el comisario le envió con Tagles un número de teléfono para que se comunicara con él. Lo mismo, siempre según su versión, habría pasado con el oficial Campero. “Primero les dije que no tenía nada que hablar con ellos y después ellos me dijeron que no podían hablar por teléfono y me invitaban a que nos encontráramos en un bar. Después por otra persona me terminó llegando el mensaje de que lo que en realidad querían eran $ 30.000 para liberar a mis cuñados”, afirmó. Tagles señaló que fue amenazada por el oficial Campero y que las armas que se secuestraron son suyas, y que tiene autorización para portarlas.

En el Ministerio de Seguridad confirmaron el ingreso de las denuncias y que se encuentran en estudio, a la espera del reintegro del secretario del área, Paul Hofer.

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