Una funcionaria de la gestión de Joaquín Rodríguez (PJ) en la Municipalidad de Tupungato podría ser removida de su cargo si se comprueba que favoreció a la empresa de su esposo en un par de licitaciones de esa comuna durante el año pasado.

A través de la resolución 195/2012, del pasado 30 de octubre, el Concejo Deliberante decidió enviar a la Fiscalía de Estado una investigación por "negocios incompatibles con la función pública", acusación que pesa sobre Flavia Torfe, directora de Acción Social municipal, tras haberse comprobado "irregularidades" en una licitación pública y otra privada realizadas en junio y agosto de 2011.

La resolución especifica que en dos expedientes licitatorios, el primero sobre la compra de indumentaria para el personal municipal y otro por un refrigerio para el Día del Niño, el municipio aceptó la oferta del autoservicio Eben-Ezer, cuyo propietario es Antonio Ricardo Nava, esposo de Torfe.

La decisión del deliberativo comunal fue impulsada por concejales opositores, quienes también comprobaron la existencia de facturas "sin fecha y de altos montos", dejando así en una incómoda posición a la funcionaria.

"Se trata de un caso de conflicto de intereses", resaltó el radical Gustavo Soto, uno de los impulsores del proyecto, quien explicó que la decisión de elevar a la Fiscalía de Estado la denuncia apunta "a que sea la Justicia" la que defina la culpabilidad o no de Torfe.

Para el edil "existe incompatibilidad" en las licitaciones, porque la funcionaria y Nava constituyen un matrimonio, lo que implica que los ingresos benefician "a la sociedad conyugal".

Alfredo Núñez, otro opositor, coincidió con Soto en que la situación "sin dudas es irregular" e incluso fue más allá al denunciar que entre los expedientes licitatorios se encontró una factura "sin fecha" a nombre del Autoservicio Eben-Ezer, por un monto de $ 35.695, con el detalle de la compra de 550 pantalones "de primera calidad" a $ 64,90 cada uno.

Núñez consideró que la intención de su bloque no es generar una acción personalizada contra Torfe. "Debe ser la Justicia la que resuelva". De todos modos, ninguno de los radicales descartó la posibilidad de avanzar políticamente sobre la directora si no encuentran respuestas.

La intención de los ediles es que esta semana llegue a la Fiscalía la resolución, lo que fue confirmado por la presidenta del Concejo, la justicialista Nelly Bellarde quien dijo que "el viernes a más tardar" hará llegar "la resolución y las copias certificadas de los expedientes licitatorios" al despacho de Javier Fernández, titular interino del ente fiscalizador.

Si la investigación concluye que Torfe actuó indebidamente, incumpliendo "deberes éticos", la Ley nacional 25.188, precisamente de Ética Pública, prevé que el funcionario puede ser "sancionado o removido" de su cargo, lo que fue citado por los cuestionadores en el proyecto de resolución.

Desde el punto de vista político, llama la atención que sea el Concejo Deliberante y no un bloque en particular el que eleve la denuncia a la Fiscalía.

En el cuerpo de ediles tupungatino las aguas están divididas a favor de los justicialistas, que suman 5 concejales, incluyendo a la presidenta. Los radicales detentan 4 integrantes mientras que hay un bloque independiente ocupado por Ana Baigorria, ex radical que hoy milita en el sector del diputado peronista disidente Daniel Cassia.

Baigorria apoyó la iniciativa de los radicales volcando a favor de estos la votación de la resolución. "Nos llamó la atención su apoyo" dijo Núñez.