Dos de ellos integran la Cámara de Apelaciones y los tres restantes fueron magistrados del fuero. Les imputan participación u omisión en los casos de desapariciones, secuestros ilegales y torturas.
Cuatro de los cinco imputados serán indagados entre el 26 y el 31 próximos para que den explicaciones y se puedan defender.
La Cámara Federal de Mendoza es el órgano mayor de la Justicia federal de esta provincia, San Juan y San Luis, y sus integrantes rotan anualmente la presidencia.
Es por eso que la resolución, formalizada ayer al mediodía por el juez federal Walter Bento, provocó un verdadero tsunami en el edificio de España y Pedro Molina de Ciudad.
Bento imputó, a pedido del fiscal Omar Palermo, a los jueces camaristas Otilio Romano y Luis Miret, y a tres ex magistrados que cumplieron funciones en esos fueros: el ex juez de la Cámara Federal Guillermo Petra Recabarren, y sus ex pares Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo.
El pesado pasado
El accionar judicial de estos magistrados hace más de 27 años, cuando recibían pedidos de hábeas corpus por desapariciones o detenciones ilegales, ha sido el motivo para que sean puestos bajo investigación.
El camarista Romano es quien se lleva la acusación más grave: participación secundaria en el plan sistemático de desaparición de personas en 124 hechos. En esos años se desempeñó como fiscal.
El ex juez federal Guzzo le sigue en gravedad con idéntica imputación pero en menor cantidad de casos, aunque igual pasa el centenar.
Al otro juez camarista, Miret, le endilgaron el delito de omisión en investigaciones de denuncias, que se encuadra en el artículo 274 del Código Penal para el “funcionario público que dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes”.
También fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por su intervención en la detención ilegal de la menor Luz Faingold, en 1975, torturada y violada en el Palacio Policial de la calle Belgrano, donde funcionaba el D2 (servicio de inteligencia de la fuerza).
El mismo delito de omisión previsto en el artículo 274 se les imputó al ex camarista Petra Recabarren en 26 hechos y al ex juez Rolando Carrizo en 20 casos.
No irán presos
Ninguno de los encartados irá preso, por diversas razones.
A Miret, Petra Recabarren y Carrizo no les corresponde porque el delito en el que habrían incurrido no se condena con pena de cárcel, sino sólo con inhabilitación en el cargo.
En cambio, Romano y Guzzo sí tienen una acusación que exige la prisión preventiva.
Pero el primero sigue siendo juez y tiene fueros, lo que no impide que se lo investigue. El segundo, en cambio, presentaría problemas de salud que –según versiones– originarían la razón para que sea el único que no está citado a indagatoria.
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