Fue detenida en abril en Córdoba, cuando se presentó a cobrar dinero de una supuesta extorsión por un secuestro virtual de una persona de Puerto San Julián. Tras una huelga de hambre en demanda de su excarcelación, la Justicia ordenó un examen psicológico para evaluar su arresto domiciliario. La mujer solicita que sea en su provincia.
La imputada llevó a cabo una protesta de huelga de hambre por una semana en demanda de su excarcelación. María Lorena Bedud (33) fue detenida en la ciudad de Córdoba el 20 de abril pasado, cuando se presentó en una sucursal de Western Union con el fin de realizar el retiro de dinero (unos 7 mil pesos), que esperaba fuera girado desde Puerto San Julián.
La mujer en diálogo telefónico con La Opinión Austral, desde su lugar de detención en la Comisaría Tercera de esta capital, espera que las autoridades judiciales accedan al arresto domiciliario, pero que sea en la ciudad de Córdoba, donde reside su familia, integrada por sus tres hijos, el menor de ellos de 1 año.
El examen psicológico le fue practicado ayer en oficinas del Poder Judicial, y será elevado su resultado al juez de la causa, Ludovico Pío Pala, para que determine el beneficio del arresto domiciliario.
Sin excarcelación
El abogado de Bedud, Darío Carlos Mosso, no entiende cuáles son los motivos por los que rechazan la posibilidad de que su defendida acceda a la excarcelación.
Para Mosso, el caso se ha transformado en un asunto “curioso” en el sistema judicial de la provincia, ya que se han denegado dos pedidos de excarcelación a una imputada que no tiene los recursos para fugarse del país o entorpecer la investigación (esta última sería estorbar en el proceso de recabar pruebas en la empresa de telefonía celular y la compañía de transferencia de dinero).
El abogado consideró la semana pasada que, a pesar de que se trate de “un caso simple” en otros fueros, se ha complicado inexplicablemente por la lentitud de la Justicia local y tal vez por la inexperiencia en estos delitos denominados “secuestros virtuales”, donde no hay personas lesionadas y sólo se comente el delito de estafa o extorsión. También destaca que su clienta no es la autora ni coautora, porque las personas que llamaron al damnificado son hombres y lo que ella hizo es presentarse a retirar el dinero producto del engaño, ante la necesidad de obtener un resarcimiento.
También resaltó que Bedud no conoce ni tiene lazos con personas en la provincia, por lo que difícilmente haya planificado la extorsión contra el denunciante de Puerto San Julián.
Mosso no comprende cómo el juez de la causa no ha fundamentado con precisión judicial los motivos que lo llevaron a rechazar la excarcelación de la imputada, más teniendo en cuenta su condición de madre de tres niños, el más pequeño de un año.
Tampoco el juez accedió a la posibilidad de que fijara una fianza, a pesar que los delitos por estafa son excarcelables.
“Por necesidad”
Bedud le contó que una amiga le pidió que se presente con un documento falso y retire el dinero que le iban a enviar desde Santa Cruz, manifestándole que iba a obtener una parte. Asegura que nunca volvió a ver a su amiga tras su detención. Una semana después, por solicitud de la Justicia santacruceña, fue trasladada a Puerto San Julián, donde se radicó la denuncia.
La mujer dejó en su provincia a su familia, integrada por su esposo y sus tres hijos de 1, 3 y 12 años de edad, que ahora han quedado al cuidado de sus abuelas. Cuando fue arrestada, se encontraba desocupada y no cobraba subsidio alguno. Afirmó que asistió a realizar el retiro de dinero “por necesidad”.
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