Estas opiniones fueron vertidas el jueves último en ocasión de una audiencia testimonial realizada en el marco de la causa caratulada "Salinas Rosa Isabel c/ Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos s/ Amparo", a la que asistieron como testigos miembros de la mesa directiva de ATE Formosa encabezados por su secretario general Roberto Antenor Gauna.

El caso

Recordemos que la señora trabajaba como empleada contratada del EROSP y fue desvinculada del organismo por participar de reuniones convocadas por el denominado Foro por la Democracia (Escuela de Ciudadanía), donde entre otras cuestiones se peticionaba por la derogación de la Ley de Lemas y el cese de las reelecciones indefinidas.

En su oportunidad, un alto funcionario del Ente reconoció que "la demandante fue objeto de seguimientos, escuchas telefónicas y filmaciones que culminaron con su posterior despido", según ha sido denunciado en su momento por el sindicato.

Durante la audiencia el titular de ATE relató las gestiones que se hicieron al tomar conocimiento de lo ocurrido a la afiliada Salinas, y cómo se contactó con un funcionario de apellido Chávez, quien "admitió los seguimientos policiales y escuchas telefónicas señaladas, indicando que la desvinculación de la empleada obedeció a una orden superior", se indicó desde ATE.

Secretario general

"Ñaño" Gauna agregó que en reiteradas oportunidades el gremio estatal ha denunciado la existencia de miles de trabajadores que ingresan en distintos organismos de la administración pública como monotributistas, pasantes, becarios, jefes de hogar, o "ad-honorem", y en los hospitales trabajan "por guardia" con la promesa de conseguir un trabajo, o como el caso de la propia señora Salinas, que ya tenía varios años trabajando como contratada en el momento de su despido.

El dirigente sostuvo que "con ello se comprueba cómo el gobierno mantiene miles de agentes en condiciones de absoluta precariedad e inseguridad en cuanto a estabilidad laboral se refiere, con el agravante de que este tipo de agentes desplazan a los trabajadores antiguos, les quitan trabajo y restan fuerza a la acción emprendida por los gremios, además de hacerles depender –en su estabilidad- de los caprichos de los jefes de turno", según lo remarcó.

En esa misma tesitura de denuncias enmarcaron sus testimonios la señora Cristina Palla y el señor Aurelio Dorrego, Secretaria de Acción Gremial y Secretario de Prensa respectivamente, de la Asociación Trabajadores del Estado de Formosa, quienes opinaron que lo ocurrido a la señora Salina era un evidente caso de discriminación política y que configuraba un castigo por el sólo hecho de "pensar diferente".