La empresa "había sido intimada el 24 de enero pasado para retirarse del lugar público porque ocupaba los 35 metros que debe haber entre la costa del Riachuelo y la edificación más cercana, en lo que se llama el "Camino de Sirga".

La intimación al propietario Luis Luppi le daba cinco días para despejar el camino, pero el hombre interpuso un recurso en el municipio de Avellaneda que fue rechazado por esa comuna", dijo un vocero de la secretaría de Ambiente de la Nación.

Indicó además que el 28 de marzo pasado "el juzgado de Luis Armella vuelve a intimar al propietario para que libere la traza costera y, al no tener respuesta favorable, en mayo pasado embarga las cuentas de la empresa en forma preventiva por un monto de 300.000 pesos".

Precisó además que el juez Armella "difiere el allanamiento hasta que el embargo se haga efectivo y, una vez completado, se procede a ordenar el allanamiento" que fue realizado el pasado martes 21.

El portavoz de la secretaría de Ambiente aseguró que "para llegar al allanamiento hubo todo un proceso de seis meses en que el propietario desoyó al orden judicial" y añadió: "Los procedimientos para liberar el camino de sirga están avanzando bien".

En el lugar había un galpón con máquinas viales y lo que se hizo fue "retirar las maquinas para liberar la traza costera" del predio que era alquilado por la empresa y que había instalado oficinas en terrenos públicos.