A pesar de las reiteradas objeciones del presidente José Mujica, el plenario de la coalición gobernante Frente Amplio, máxima autoridad de la fuerza, ratificó anoche la decisión de ordenar a sus diputados que, el próximo jueves, voten la anulación de la Ley de Caducidad que, desde 1986 –y tras sortear dos consultas que la refrendaron–, ampara a militares violadores de derechos humanos durante la dictadura cívico militar (1973-1985).

Asimismo, dispuso crear una comisión para estudiar la convocatoria a un referendo a través del cual la ciudadanía rechazará o aprobará la anulación de la amnistía. Con la intención de no dejar mal parado al presidente Mujica, se firmó también una declaración respaldándolo por haber firmado un decreto que habilitó la investigación en el caso de Alvaro Balbi, un comunista asesinado en 1975.

Anoche, los participantes del plenario (representantes de los grupos políticos integrantes del FA, de las coordinadoras de Montevideo y de las departamentales del interior) ajustaron detalles de los temas más importantes que se trataron. El plebiscito fue propuesto por la Vertiente Artiguista y respaldado por el presidente Mujica.

Si bien en la semana trascendió que dos diputados del Espacio 609 (alianza a la que pertenece el MPP, sector del que proviene el mandatario) no acompañarían el proyecto de anulación, lo cual llevaba al naufragio de la iniciativa debido a la exigua mayoría que el FA tiene en la Cámara de Diputados (50 de 99), todo parece indicar que ahora ambos legisladores levantarán su mano el día de la votación.

El diputado Gonzalo Mujica (Compromiso Frenteamplista) cambió su parecer y dijo que votará el proyecto. No así, Víctor Semproni (MPP), quien en las últimas horas desde Perú, donde se encontraba, expresó que no lo votará “porque va en contra de la voluntad del presidente” , aunque dejó una puerta abierta para cambiar de decisión “salvo que él me lo pidiera”.

Mujica ya adelantó que va a pedirle que “no se inmole”, en otras palabras que haga caso al plenario del Frente.

El presidente sostiene que si bien discrepa con la “ley interpretativa” (como se llama aquí a la norma que anula la amnistía) ya que –según él y varios destacados juristas– derivará en decenas de juicios por su inconstitucionalidad, “se debe luchar por la disciplina (del partido), porque el gobierno necesita que la fuerza responda en forma unitaria”.

En cuanto a la nueva consulta popular que quiere convocar el FA, con la que se pretende “no pasar” por encima de dos pronunciamientos de la ciudadanía (el otro principal argumento esgrimido por Mujica para manifestar su desacuerdo), la idea es propiciar un referéndum para antes del 1° de noviembre, fecha en la cual, tras 25 años, prescribirán los delitos cometidos por los militares durante la última dictadura.

Deberían entonces modificar la ley que reglamenta el llamado a referéndum, para que sea el Parlamento que lo convoque. De todas formas, si la intención de la consulta es votada por las dos cámaras (lo que parecería factible ya que el FA tiene mayoría en ambas), la Corte electoral debería convocar a la ciudadanía para que exprese su conformidad de que se lleve a cabo este referéndum.

Como era de esperar, en la oposición se mostraron muy críticos con la idea de realizar un nuevo referéndum. “No podemos hacer de la consulta una tómbola (juego de azar) hasta que se emboca . Además me pregunto, ¿ésta vez van a respetar el resultado?”, dijo a E l Observador el ex presidente Luis Lacalle (Partido Nacional).

“Esto desprestigia al sistema político”, señaló por su parte el senador colorado, Ope Pasquet.

“Resulta que después de haber dicho que no siempre las mayorías tienen razón; ahora están muy preocupados por plebiscitar este tema”.

Claves

En abril último, el Senado votó por derogar la ley de caducidad aprobada en 1986, cuando la democracia volvió a Uruguay. La ley impide juzgar a violadores de derechos humanos y a unos 175 asesinatos políticos ocurridos durante la dictadura.

La Cámara de Diputados debe decidir si anula o no la ley el próximo jueves. Pese al acuerdo logrado anoche, el bloque frenteamplista podría tener fisuras y, a último momento, no contar con los votos necesarios.

El presidente José Mujica prefiere respetar los dos plebiscitos que avalaron la ley en 1989 y 2009. Dijo que anular la ley dividiría a la sociedad y traería problemas al gobierno. El viernes, sin embargo, se pronunció por llamar a una nueva consulta popular que decida el tema.